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Petro afirmó en el Catatumbo que “los campesinos podrán seguir sembrando coca mientras que prueban con cultivos sustitutos”.
No puede ningún jefe de gobierno ser quien decida si se puede o no sembrar coca. Cultivar, conservar o financiar plantaciones de coca es hoy un delito y solo el Congreso puede retirar la sanción penal. El día en que sea un jefe de gobierno quien decida las conductas que son o no son un delito estaremos en un régimen autocrático y no en una democracia. Petro se entromete en las competencias del Congreso y viola la ley.
La excusa para darle vía libre a los cultivos de coca es, además, muy peligrosa. Dice Petro que “el Estado debe cumplir la voluntad de la sociedad [y que] es la gente del común la que tiene el poder”. Ocurre que él no es el Estado y que los ciudadanos se expresan en una democracia a través de sus parlamentarios en el Congreso. En el discurso de Petro subyace la pretensión de que es él el vocero de “la sociedad” y de “la gente del común” y ahí, de nuevo, usurpa el papel del órgano legislativo y mina el sistema democrático.
Petro debe cumplir la ley mientras que ella esté vigente, no puede autorizar los cultivos de coca, cuando lo hace prevarica y subvierte el principio democrático de la separación de poderes y, cuando pretende cumplir las funciones del Congreso, usurpa sus competencias y asume una posición abiertamente autoritaria.
Para fines del 2021 teníamos 204.000 h de coca. Todas las decisiones de Petro agudizan y empeoran el problema. Hay proyectos de ley no solo para permitir el uso recreacional de la marihuana sino para la legalización de la cocaína, quiere replantear la figura de la extradición, ha ofrecido beneficios jurídicos a los criminales vinculados al narcotráfico y, en lo que sería la más grande operación de lavado de activos, les ha prometido que se quedarían con el 10% de sus sangrientas fortunas. Después de Tarra, se pone fin a todas las formas de erradicación, no solo la forzada.
Mientras tanto, militares y policías sufren ataques permanentes desde el mismo Gobierno, sobre los que no volveré ahora, y están cuasi paralizados. Según la FIP, en los primeros cien días de esta administración, la operatividad de la Fuerza Pública ha caído cerca de un 70 %. Mientras tanto, el enfrentamiento entre grupos ilegales ha aumentado un 79 %, el asesinato de “líderes sociales” ha crecido un 50 % y las masacres un 38 %.
Los resultados del Gobierno son desastrosos. Empeorarán con el paso de los días y con estas decisiones sobre narcocultivos. Los más beneficiados serán las grandes estructuras criminales, guerrilleros mafiosos y mafiosos de los de siempre.
