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Esta semana, después de una muy larga espera, el representante a la Cámara encargado de la investigación contra el exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos Martínez, pudo leer su acusación en el recinto virtual del Senado de la República; el escrito, fechado el trece de mayo de 2019, consta de setenta y cuatro páginas y en él se dispone inculpar a esa persona como “autor penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio en calidad de coautor impropio”. Desde luego, sin demeritar el trabajo del investigador, debe decirse que no es atinado afirmar –sin todavía rituar el juicio– en una providencia contentiva del pliego de cargos formulado en contra de un imputado, que éste es “autor responsable”; ello, a no dudarlo, pone en entredicho un principio medular del derecho penal de cualquier organización social liberal cual es la presunción de inocencia, de la que están investidos todos los ciudadanos así –como sucede en este deplorable caso– se trate de los propios servidores públicos que han vilipendiado las leyes de la rectitud.
Desde luego, en un país sumido en una crisis institucional de proporciones y sacudido por la presencia de vergonzosos carteles que –a ojos vistos– negocian decisiones, asignan actuaciones de forma acomodada, manipulan las evidencias, trafican con testigos falsos, etc., es una muy buena noticia que se acuse formalmente a uno de los posibles autores de esos execrables comportamientos, que han llenado de ludibrio y vergüenza a la comunidad entera y, en especial, a los funcionarios que –con profundo celo y honradez– dedican su vida al servicio público. Ojalá, eso sí, este oscuro personaje pueda ser conducido ante sus jueces naturales para que responda por sus múltiples conductas; a tal efecto, los organismos competentes deben activar todos los mecanismos de cooperación internacional para lograr su extradición, entrega o captura. No es posible, entonces, que semejante personaje huya y se refugie en un país como Canadá a gozar de los dineros mal habidos y, desde allí, se burle de todos aquellos a quienes ha ultrajado y mancillado con sus acciones desdorosas.
Pero la acción de la Justicia no se debe detener en cuatro o cinco personas, como hasta ahora, sino que se deben investigar –de forma exhaustiva– todos los tentáculos de esta aciaga red corruptora, de tal manera que sin excepción ninguna todos los implicados respondan de sus actos; en especial, en tratándose de algunos posibles colaboradores de los infectos que todavía siguen incrustados en sus posiciones al interior de los organismos judiciales. La espada de la justicia, pues, tiene que alcanzarlos a todos para que así podamos sanar las heridas y empezar, de una vez, a reconducir esta maltrecha organización social por otros senderos bien distintos a los que quieren los haraganes. Se trata, pues, de recuperar el imperio de la ley y, al mismo tiempo, de enviarles un mensaje claro e inequívoco a quienes realizan comportamientos aviesos como los señalados en esta reflexión, para que cultiven el servicio público como una entrega a los demás y que forma parte de los más altos ideales del Estado democrático. Que se comprenda, de una vez por todas, que ser fiscal, juez y/o magistrado es una investidura que dignifica al ser humano y la toga no puede ser mancillada recibiendo cochinos fajos de billetes por la venta de la función pública, torcer el rumbo de las actuaciones o, en fin, emitir resoluciones judiciales contrarias a la ley (esto es, prevaricadoras).
En fin, todos los jurisconsultos deberían recordar hoy al gran don Ángel Ossorio y Gallardo, en su esplendente obra “El alma de la Toga”, cuando afirma con razón que “la Abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Esa es la piedra angular; lo demás, con ser muy interesante, tiene caracteres adjetivos y secundarios”.
