En días pasados y a propósito de la denuncia que colocaron los habitantes de la región de Bojayá en el Chocó, especialmente a través de su extraordinario líder Leyner Palacios, acerca de los enfrentamientos entre grupos paramilitares –el llamado Clan del Golfo- y el Eln que avizoraban una tragedia similar a la que vivieron esos compatriotas, se colocó de nuevo en el debate nacional la presencia del paramilitarismo –independiente de las denominaciones que se inventen para nombrarlo- y la incapacidad del Estado de tener un efectivo control de esos territorios.
Este ha sido un tema crucial para explicar la presencia en nuestra historia de grupos ilegales de la más diversa naturaleza, así como también de actividades y rentas ilegales en distintas zonas del territorio; en todo caso el fenómeno se manifiesta en aquellos espacios del territorio donde el Estado brilla por su ausencia. No son en los valles interandinos, ni en las regiones centrales del país como la Sabana de Bogotá donde hacen presencia estas economías ilegales; es en las regiones periféricas, en la llamada Colombia profunda, donde emergen estas actividades ilícitas, porque allí no hay quién las regule o controle. Y son estos los espacios donde estos grupos armados ilegales se mueven a sus anchas.
¿Y qué pasa con el Estado? que de manera equivocada se asimila solo a la Fuerza Pública, ¿por qué no está presente? Ese es el meollo del problema y no es una responsabilidad exclusiva de los militares y policiales, ni tampoco exclusivamente de este Gobierno. Tiene que ver con el modelo de construcción de Estado que se dio a través del tiempo, con un énfasis fuertemente centralizado, de tal manera que toda la región de fronteras, la Costa Pacífica y los pie de monte de la Orinoquia y la Amazonia siempre fueron marginalizados y justamente allí, donde el Estado ha estado ausente es donde se desarrolló en buena medida los negocios ilegales –cultivos de uso lícito, minería ilegal, etc- y donde se asentaron los grupos armados ilegales, tanto guerrilleros como paramilitares y de crimen organizado.
Por ello se deben desarrollar estrategias de control de estos territorios. Y ello implica construcción de Estado en los mismos. No es simplemente desplazar a estos territorios destacamentos de la Fuerza Pública, porque si bien es fundamental esto, es insuficiente; se debe pensar primero en presencia permanente de Fuerza Pública –militares y policías-, no simplemente presencia transitoria que termina siendo vista por los pobladores como una especie de fuerza expedicionaria, pero adicionalmente con algo fundamental, cambiar la mirada fuertemente ideologizada, heredada de la ‘guerra fría’ y del período de énfasis antiterrorista, en la cual se veía de manera ‘sospechosa’ a todos los pobladores, como potenciales aliados de sus enemigos y de esta manera es casi imposible que se construyan relaciones de confianza mutua entre Fuerza Pública y sociedad, básica para un real y efectivo control del territorio; adicionalmente, pero igual de importante, la presencia del Estado en su dimensión civil, que conlleva presencia de inspectores de policía, jueces para mediar y resolver conflictos, de instituciones educativas, de salud, y promover programas de desarrollo económico, que conlleven estímulo a la inversión privada que genere trabajo y empleo para los pobladores; en una palabra, estimular estrategias de desarrollo como parte de la construcción de Estado.
De otra manera, serán presencias fugaces que sólo tienen, en el mejor de los casos, efectos transitorios de tipo disuasivo, pero una vez se retiran o disminuyen la presencia militar y policial, de nuevo vuelven a hacer presencia los grupos ilegales con toda su secuela de daño.
