Alguna vez le preguntaron al político e intelectual Gilberto Alzate Avendaño cuáles eran sus grandes temores. Y respondió que, como creyente, después del temor de Dios lo preocupaba morir “con el alma prendida a un inciso”.
Esta curiosa situación es la que atraviesa ahora el país, sumido en alegatos enmarcados en interpretaciones casuísticas y en farragosos parágrafos en que se entretienen constitucionalistas y leguleyos. Con los tediosos debates sobre la JEP se ha demostrado que no hay claridad alguna para dirimir conflictos jurídicos o que, habiéndola, se enredan por la cosecha abundante de picapleitos que desempolvan toda clase de argucias para dilatar la controversia. Es nuestra idiosincrasia, que viene desde la fundación de la República.
La JEP es una justicia especial que hace parte del menú ofrecido por el gobierno anterior a la guerrilla para escoger el mejor plato que satisficiera su apetito de acuerdo de paz. Lo hicieron porque no creen en la justicia ordinaria ante la cual debe responder el resto de ciudadanos colombianos. Tienen los subversivos su propio estatuto y magistrados para ser juzgados, institución estructurada por individuos foráneos con inocultable sesgo ideológico que la diseñaron para que funcionara de acuerdo con las pretensiones y aspiraciones de la insurgencia. Así paga en Colombia el delito. Los transgresores de la ley modelan sus propias leyes y escogen a sus propios jueces.
Lo que comienza con dudas sigue con incertidumbres. La Cámara de Representantes negó las objeciones presidenciales a seis puntos de la ley estatutaria de la JEP. En el Senado, se enguaraló la pita. Desempolvaron normas desde la época de la patria boba para cada quien demostrar razones para oponerse o aprobar lo objetado por Iván Duque. Se revivieron las argucias del filibusterismo parlamentario. Y en un caso desconcertante por la división de poderes, escogen a la Corte Constitucional para que dirima un conflicto que era competencia del Congreso.
¿Qué viene ahora cuando la Corte Constitucional tiene en sus manos semejante chicharrón? ¿La pasará, si se declara inhibida, al Consejo de Estado? ¿Sentenciará que en el Senado hubo las mayorías suficientes para negar las objeciones de Duque? ¿Declarará que las objeciones presidenciales a la JEP son realmente de índole constitucional y no de conveniencia? Y así, ¿remitirá al presidente la ley para que no tenga más salida que sancionarla? ¿Y si decide que las objeciones son por inconveniencia, deberá examinar si en el Congreso se cumplieron todos los requisitos para tumbar o dejar vivitas y coleando las objeciones del Jefe del Estado?
Claro que dado el poco prestigio que en el país tienen las altas cortes –que fallan más en política que en derecho y conveniencias de país– no es descabellada la hipótesis de que la Corte Constitucional se inclinaría por mantener intacta la herencia santista, matando las objeciones presidenciales.
En medio de la incertidumbre sobre un orden público alterado, parte del país está pendiente de la Corte Constitucional acerca de las objeciones a la JEP. Y en la mitad, haciendo la prueba de don Tancredo, un presidente joven y preparado y afanado en la búsqueda del tiempo perdido por cuenta de la politiquería, la violencia y la corrupción.
