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En cualquier civilización, por tribal que sea, primero está la vida como prioridad de sociedad. Verdad de perogrullo. Pero en Colombia, para los órganos jurisdiccionales, pareciera que primero está el derecho a la protesta, por desordenada, explosiva y peligrosa que sea para la salud pública. La vida se está perdiendo por marchas públicas y violentas que al no respetar normas de bioseguridad, disparan los índices de muertes y contagios de una pandemia que no da tregua. Hospitales y camas Uci colapsan y médicos y enfermeras agotados en forma inhumana. Pero el Ejecutivo, maniatado por el leguleyismo de las togas y birretes, no puede tomar medidas drásticas para impedir la invasión de los violentos contra la vida, honra y bienes de los ciudadanos como lo ordena la Constitución. Si se decide colocar la protección de la vida por encima de las protestas callejeras, no faltará el tribunal que llame a rendir cuentas al mismo presidente por desacato a fallos contradictorios.
Mas no solo falla la justicia para poner la supremacía de la vida sobre la protesta social vandálica, sino que la impunidad ayuda al caos. Los vándalos andan sueltos, repitiendo sus hazañas de destruir lo que encuentran a su paso. La justicia no los toca. Está enferma. Desde tiempos atrás se han escuchado voces de alarma en donde alertan sobre el deterioro de la justicia, como la del pensador de izquierda, Estanislao Zuleta. Este urgía por aplicar reformas profundas en el sistema judicial. Señalaba, hace 50 años, que “la crisis de la justicia era tal que solo el 4 % de los casos recibían sentencia y había acumulados más de 1.400.000 procesos. Por temor, por incredulidad y por muchas más razones, la mayoría de los delitos no son denunciados a las autoridades”. Esto parece escrito ayer. Delincuentes infiltrados en las protestas cada día malogran vidas, destruyen bienes y siguen tan campantes.
“Nada más peligroso para la vigencia de los derechos humanos, en contra de lo que suele creerse, que un Estado débil”, señalaba Zuleta. Y esa debilidad, repetimos, nace en la primacía que le dan las cortes a las huelgas sobre la protección de la salud, paros violentos que atentan contra los derechos humanos que son la vida misma de todos los asociados.
Pero no solo las cortes tienen gran culpa en la crisis institucional colombiana sino la decadencia de los partidos. El filósofo antioqueño sostenía: “La desideologización de los partidos vino a convertirse en nuevo factor de debilidad del Estado, en el momento en que se necesitaba como nunca un Estado de derecho fuerte...”. Aquí no hay partidos serios y sólidos sino colectividades mendicantes.
Colombia requiere de un Estado que recupere el imperio de la ley y garantice la conservación de la vida por encima de otras consideraciones como la de admitir los excesos de huelguistas que en las calles contaminan con la pandemia. Y arrasan la economía, destruyen el empleo y disparan la miseria, sin pensar que son los más vulnerables los que más llevan del bulto
