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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 07 de agosto de 2019

“Problema inverosímil”

Durfary todavía recuerda cuando Puerto Girón, a orillas del río León, vivía de la madera. Ese caserío de 174 palafitos coloridos, sin puesto de salud, es el hogar de la comunidad negra que en 2001 emprendió un proceso de reclamación de tierras basado en la Ley 70 de 1993.

Para salvaguardar el territorio, conformaron el Consejo Comunitario de Puerto Girón (CCPG). En septiembre de 2000, los paramilitares asesinaron a Pedro Beytar, quien impulsaba la creación de dicho Consejo.

Desde 2017 solicitan la restitución de 11.269 hectáreas que abarcan los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, terrenos donde se proyecta Puerto Antioquia (Ver: www.VerdadAbierta.com).

El mayo pasado, doce organizaciones –Comisión Colombiana de Juristas, Cinep, Fundación Forjando Futuros, entre otras– presentaron un informe de incumplimiento de reparación de víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el CCPG, manifestó: “Dentro de los opositores al proceso de restitución se encuentran empresarios de la agroindustria bananera impulsores del terminal portuario y cercanos al partido político del actual presidente pendiente de enlace [...] algunos financiaron las campañas del expresidente y senador Álvaro Uribe y han sido mencionados por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia como financiadores e impulsores del paramilitarismo”.

Además, Dayra Hernández, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Apartadó (URT), representó a empresas con intereses en los predios de la reclamación del CCPG. Ante mi petición de entrevista, me remitió al director general Andrés Castro, quien respondió: “La directora se declaró impedida para conocer o intervenir en los casos en los cuales fue parte en el ejercicio libre y legal de su profesión, y los expedientes respectivos se trasladaron para Bogotá y son atendidos por la Dirección de Asuntos Étnicos”. Añadió: “En el caso de Puerto Girón, la URT presentó la demanda ante la Justicia el 14 de diciembre de 2016 y esta fue admitida por la Justicia el 3 de octubre de 2017”.

(Ayer, martes, el portal Sigep reportaba de Dayra Hernández: “Profesional: Derecho”. En su campo de desempeño: “Especialización en Derecho de Tierras: no graduado”).

Luis Pérez declaró recientemente: “Tenemos los diseños en fase 3, todos los detalles de construcción, adjudicado el contrato a una empresa privada, el aporte de los socios que son cerca de US$ 200, los bancos listos para poner el dinero, los US$ 600 millones [...] Resultó un problema inverosímil: parece que unas comunidades étnicas están reclamando unos territorios”.

Porfirio Serna, quien creció en Puerto Girón y preside el CCPG, no titubea al decirme: “Puerto Antioquia es una forma de avanzar para Puerto Girón”.

¿Qué esperanza albergan los reclamantes de Puerto Girón (Apartadó), Nueva Colonia (Turbo) y Zungo (Carepa)?

En la vía terrestre a Puerto Girón, una hacienda está marcada con las iniciales “AGC”. Un “punto” (comandado por ilegales) controla el ingreso vehicular.

El Golfo de Urabá jamás se cansa de las aguas del río León. Las embarcaciones del narcotráfico, tampoco...

¡Estos pescadores reman a contracorriente!: opositores en el proceso, bandas criminales, un presidente agradeciendo favores, el conflicto de interés de la URT territorial, el gobernador. ¿Qué posición asumirían como mandatarios Aníbal Gaviria (familia terrateniente, accionista de Unibán) o Juan Camilo Restrepo (expresidente de Augura)?

¡Progreso y respeto por los derechos ancestrales de las comunidades no tienen por qué reñir! Coincido con el gobernador, es un “problema inverosímil”: cuesta creer semejante aplanadora de poder.

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