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Contundente la respuesta del presidente Duque al informe del señor Brunori, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la Onu en Colombia. Sin alaridos, sin aspavientos, sin amenazas de discordias externas, hizo respetar su fuero y su patio. Recordó que los informes de las agencias internacionales deben ser objetivos, precisos, ocupados de las materias acordadas en los acuerdos suscritos, pero no sesgados. Y menos que rompan los principios de la soberanía o invadan terrenos que les son vedados cuando pretenden sustituir las funciones constitucionales y legales de las autoridades nacionales.
La autonomía del Estado colombiano, por imperfecto que sea, hay que respetarla. Ninguna entidad externa, por encopetada que sea, tiene derecho a estrujar la organización constitucional interna del país. Cuando se toca y se pretende violarla, se produce el rechazo como lo hace Duque al condenar las extralimitaciones del representante en Colombia de la comisionada de la Onu para los Derechos Humanos. Eso de atacar la misión del Esmad y pedir que la Policía pase a ser supervisada por el Ministerio del Interior constituye, como lo repitió el presidente, “una intromisión en la soberanía del país”. Este es un debate “que les corresponde a las autoridades colombianas en el marco de su institucionalidad”. Así está consagrado en la Carta Magna, que no es propiamente la cartilla desechable de una república banana.
Por supuesto que no se debe clausurar la misión de la Onu para los Derechos Humanos en Colombia, como lo piden a grito herido exaltados activistas del Centro Democrático. La protesta, si bien es una oportuna advertencia institucional, no es contra el sistema internacional, sino contra las manipulaciones de aviesos funcionarios. Sacar a empellones la misión de la Onu sería rebajar al país a la altura de los peores gobiernos autocráticos que lo rodean. Pero sí era necesario, como ya se hizo, exigir el relevo del señor Brunori, quien ya había sido expulsado de Guatemala por sus informes torticeros.
Colombia, a pesar de sus debilidades institucionales, de su permanente violencia que no quiere desprenderse del mapa nacional, del avance del narcotráfico que es agobiante, no puede ser estrujada por aventureros funcionarios foráneos. Si bien puede pedir la colaboración internacional para enfrentar todos estos retos, debe obtenerla sin sacrificar su decoro. Y convencer a sus aliados de que no pueden pasarse por la faja la dignidad nacional o cogobernar, por más estrujado que esté el país por culpa de los violentos.
Hace más de medio siglo Carlos Lleras frenó en seco las exigencias e imposiciones del Fondo Monetario Internacional, cuando este organismo quiso manipular el manejo interno de la política cambiaria colombiana. Lo mandó a freír espárragos. Hizo respetar el país. Medio siglo después lo hace Duque. Retoma esa lección de dignidad para que los organismos internacionales respeten nombrando representantes probos e idóneos que no se extralimiten en sus funciones. Que no crean que son cogestores ni amos de las políticas internas. Y que renuncien a los sesgos de informes amañados o interesados en desprestigiar los esfuerzos que hace un gobierno, en cierta soledad, para hacer al país viable y respetable.
