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La propuesta de reforma a la salud del actual gobierno ha vuelto a revivir la vieja discusión acerca de que es lo mejor para su manejo, la mano invisible del mercado o el control absoluto del Estado. Es una discusión inútil en la cual ambos en parte tienen la razón y en parte se equivocan. Son posiciones radicales que obedecen más a prejuicios ideológicos y hasta morales sin mayor sustento teórico ni empírico a la hora de garantizarle los servicios a la población.
Por un lado, están quienes creen que las leyes de la oferta y la demanda gobernadas por la mano invisible del mercado son suficientes para que todos pudiesen acceder a servicios de salud integrales y de calidad. Olvidan que este es un mercado altamente imperfecto, que ni siquiera debería catalogarse como tal, en el cual, si se permitiese que estas fuerzas actuaran libremente, se producirían enormes inequidades en contra de pacientes y de quienes financian los servicios; y grandes beneficios para quienes intermedian en este proceso como médicos, hospitales, aseguradoras y farmacéuticas.
En el otro extremo se ubican aquellos que creen que toda necesidad se convierte automáticamente en un derecho, y que por esta razón nadie podría lucrase de ello, algo que inclusive consideran inmoral, concluyendo que debería ser una responsabilidad exclusiva del Estado. Lo que no dicen es que el Estado está controlado por castas políticas que han medrado de este tipo de programas, quienes terminan esclavizando a sus usuarios al no permitirles decidir libremente por quienes quisieran ser atendidos, decidiendo por ellos y obligándolos a padecer las más de las veces servicios insuficientes y de mala calidad.
No se trata del desdichado falso dilema al que nos han querido llevar este gobierno de escoger entre dos males, que a la hora de evaluar resulta difícil determinar cuál de los dos es peor: si la irracionalidad de la mano invisible que regula el mercado o la ambición insaciable del clientelismo político que controla el Estado. Más bien, habría que esforzarse por entender en qué condiciones y circunstancias se logra la mejor mezcla de ambos, partiendo de la base de que la opinión de quien utiliza los servicios debe ser siempre tenida en cuenta para evitar los excesos y castigar a quienes los cometen.
No hay que creer que el mercado y el Estado son por naturaleza malos y enemigos irreconciliables, ambos son necesarios y se complementan dependiendo de los objetivos y las circunstancias en que se apliquen. Lo que si no debería estar en discusión es la libertad y la soberanía de quien consume los servicios, en la que unos lo consideran un iluminado capaz de todo por sí mismo y los otros un inválido mental por quien hay que decidir y por la fuerza. Generalmente los extremos son malos, por lo que hay que desconfiar de quienes los proponen.
