Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
“¿Es conciliable la autonomía de los Estados con la libre y segura acción del Gobierno nacional?; ¿pueden las dos entidades subsistir y llenar su objeto fecundo y con la necesaria dignidad?” El 1 de febrero de 1875, el periódico La Unión Colombiana le hacía estas preguntas a una patria que llevaba 12 años en un sistema federal que le regaló paz a los 9 estados soberanos de la Constitución de Rionegro. Hoy, empezando el año 2024 deberíamos conversar con mucha seriedad alrededor de estas preguntas con la historia que nos enseña y la realidad que nos acompaña.
Históricamente, el centralismo ha fundado su existencia en la necesidad de defenderse de un enemigo común, que requiere un poder central fortalecido como un frente de batalla. Me pregunto si nuestro enemigo común actual es justamente un gobierno central un poco torpe para entender las necesidades de las regiones colombianas, muy ineficiente en la gestión y ejecución de recursos y muy político en la priorización de agendas regionales según simpatías electorales.
Nos debemos un debate sobre la necesidad de mayor independencia para las regiones y el rol del gobierno central con consideraciones actualizadas, sin necesidad de extremos separatistas o justificaciones mediocres sobre un centralismo que no funciona. En otras palabras, nos debemos un debate sobre un regionalismo consciente.
Colombia ha declarado en sus últimas dos constituciones que somos un “estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...”. Esta frase parece significar un gobierno central prudente, austero y ligero, articulador de los intereses nacionales pero respetuoso del derecho de autodeterminación de las regiones. Desafortunadamente no coincide mucho con la actualidad colombiana.
La Constitución del 91 nos entrega un mandato que no hemos cumplido, el de la autonomía territorial. En mi opinión por razones políticas, por miedo a perder un concepto distorsionado de unidad nacional y por un falso pesar para socorrer regiones con desigualdades históricas y problemas sociales que no se resuelven con recursos infinitos sin eficiencia administrativa. Se dice que el Gobierno Central se reserva mas de un 80% del recaudo tributario, mientras que los departamentos solo un 6% del recaudo (cifras Federación Nacional de Departamentos). La lógica de la “mermelada”, deja abierta la peor puerta de todas: la del poder de corrupción con fines electorales.
Quienes defienden el centralismo actual, apelan a una solidaridad entre departamentos “ricos” con departamentos “pobres” y un “egoísmo territorial”. No podría estar más en desacuerdo con esto. En primer lugar, apelar a la solidaridad en una discusión sobre desarrollo territorial y creación de valor regional parece un poco vago y con cierta manipulación emocional. A las regiones prósperas les “quitan” recursos para entregarlos a regiones pobres sin efecto alguno sobre su crecimiento y dejando mucho espacio para la corrupción central y local. La Guajira por ejemplo, es de los departamentos que más recursos reciben del sistema general de regalías, de cooperación, entre otros; y sus índices de pobreza, corrupción y subdesarrollo no mejoran, al contrario. El Chocó es un departamento con alma subsidiada, sin capacidad para autogestionarse, víctima de la relación enferma con el gobierno central, la violencia y la corrupción. Los departamentos “pobres” no han dejado de serlo por la “ayuda” del gobierno central, pero los departamentos prósperos han dejado en costo de oportunidad proyectos extraordinarios para el país entero.
Hay maneras mas competitivas de colaboración territorial orientadas al desarrollo de las regiones y sus gentes. Las regiones prósperas no sólo lo han sido por el aprovechamiento de sus recursos naturales sino también por su cultura, la capacidad de elección de buenos gobernantes, el compromiso del sector privado entre otras buenas razones. Contrario sería si además de exigir recursos para distribución en los territorios, invitar a quienes han sido exitosos a compartir buenas prácticas, a diseñar y ejecutar proyectos con modelos innovadores de financiación y administración en aquellas regiones que lo necesitan. Algo así como un mecanismo similar a obras por impuestos pero de región a región, un mecanismo de “obras por transferencias”. En Antioquia, por ejemplo, es mucho lo que podemos compartir mas allá de regalar recursos a barriles sin fondo en corrupción, administraciones ineficientes y elefantes blancos del centralismo.
El debate sobre regionalismo consciente no sólo debe incluir propuestas sobre cómo fortalecer las regiones, también debe propender por un gobierno central menos titiritero y más facilitador. Menos acaparador y más liviano. Menos justiciero y más ecuánime. Como diría Thomas Jefferson, “estoy a favor de un gobierno que sea vigorosamente frugal y sencillo”.
El gobierno actual, incapaz absoluto en ejecución y vengativo en su actuación, nos deja una oportunidad inmensa para fortalecernos como regiones, de la mano del legislativo cada vez más protagonista y de unos mandatarios regionales fuertes, amigos del desarrollo y del crecimiento del país a través de los territorios. Tal vez esta sea nuestra lección aprendida.
