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Por quinta vez el Concejo de Medellín negó la venta de las acciones de EPM en UNE. Esto significa una profunda derrota del alcalde que debe tener consecuencias políticas. La actual administración ha perdido la confianza de la mayoría del Concejo y de la ciudadanía y esto lo debería conducir a asumir una nueva actitud durante el tramo final de su gobierno.
En los regímenes parlamentarios existe una figura llamada el “voto de no confianza” (no confidence vote). Esto ocurre cuando el parlamento, que es quien elige al primer ministro, lo abandona en la votación de un proyecto importante para el gobierno. También existe en este tipo de regímenes democráticos una marcada responsabilidad política cuando el líder de la nación falla en el cumplimiento de una de sus principales promesas.
Un caso simbólico de lo anterior fue la renuncia del primer ministro conservador David Cameron cuando perdió la votación por el Brexit (retiro del Reino Unido de la Unión Europea). Cameron fue el principal promotor del remain, campaña por la continuidad. Al ser vencido en las urnas, el líder conservador presentó la renuncia y cedió voluntariamente el control del poder a un gobierno que interpretara la nueva realidad política del país.
En los países con democracias fuertes y estables, el concepto de responsabilidad política es notorio. Así, miembros de los gabinetes, primeros ministros y presidentes deben responder a la ciudadanía con sus renuncias cuando fallan en la implementación de lo propuesto durante las campañas.
Estando lejos de estas situaciones y teniendo una democracia que, aunque estable, también es frágil, en Colombia hay poca o mínima responsabilidad política. El fracaso en cinco ocasiones por parte de la administración municipal en la venta de las acciones de EPM en UNE debería conducir, en un acto de sensatez, a una profunda revisión en la manera como Quintero y su gabinete están administrando la ciudad de Medellín y a asumir una actitud diferente en lo que resta de mandato. La responsabilidad en este caso recae directamente en el alcalde y no en el gerente o en un secretario en particular, pues fue él quien lideró fallidamente este proceso y ahora por fuera de la democracia pide la nacionalización de la empresa. Con lo anterior está demostrando su talante antidemocrático y sus verdaderas intenciones.
Seguramente, Quintero no asumirá las consecuencias ni cambiará su forma ni tono de gobierno. Pero no por esto debemos dejar de pedir que detenga su empeño por dividir a la sociedad y lanzar distracciones para evitar la vigilancia cívica en sus desaciertos como administrador y líder.
La negativa del Concejo de Medellín a las pretensiones del alcalde lo debería conducir a adoptar un tono más humilde y conciliador. Al contrario, su respuesta ha sido desafiante y contraria al proceso democrático. Responsabilidad política no habrá, pero el mensaje es claro: Quintero ha perdido la confianza de la mayoría del Concejo y de la ciudadanía y sus proyectos bandera poco a poco se van diluyendo sin dejar ningún impacto en la sociedad, sino, por el contrario, una estela de división
