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Con el propósito de poner fin a una especie de guerra partidista ideológica entre conservadores y liberales, que venía desangrando el país, mediante el plebiscito de 1957, el constituyente primario legitimó a nivel de texto constitucional los denominados acuerdos de paz política, suscritos por los representantes de los grandes partidos tradicionales. Para acabar con aquel lamentable espectáculo de violencia, se acordó la conformación del denominado Frente Nacional, sistema caracterizado por la alternancia en la Presidencia de candidatos de ambos partidos, la coparticipación paritaria de ambas colectividades en los distintos cargos públicos, incluidos los que conforman la rama judicial, y la obligación de implementar con posterioridad una estricta carrera administrativa para ocupar dichos cargos públicos. Se suponía que de esta manera se suprimían las causas de la violencia que estaba sufriendo el país.
Sin embargo, la compleja situación que desde siempre ha afectado la sana convivencia en los distintos periodos de la República hizo que este modelo político, que sirvió para calmar los ánimos sangrientos entre liberales y conservadores, originara nuevas formas de violencia que a partir de los años cincuenta comenzaron a azotar el país con especial crueldad. Exigir que para ocupar un cargo público había que pertenecer a uno de los dos partidos tradicionales hizo que aquellos ciudadanos que, por una u otra razón, no comulgaban con los postulados de dichos partidos se sintieran excluidos de toda posibilidad de participación y vieran sus derechos fundamentales, sociales y políticos, vulnerados. Por esta razón optaron por acudir a formas violentas e ilegales de participación, dando fuerza a los distintos movimientos guerrilleros, muchos de ellos con un origen anterior, inicialmente alimentados por las permanentes disputas por la posesión de la tierra, pero posteriormente estimulados por otros factores, entre los que necesariamente hay que mencionar el narcotráfico y las limitaciones a sus posibilidades de participación, excusa perfecta para sus acciones ilegales en contra del establecimiento.
Desde el punto de vista constitucional, la falta de participación democrática, la ausencia de formas reales de democracia participativa y la existencia de una democracia representativa más formal que real hicieron que la Constitución de 1886, incluidas las modificaciones introducidas por el plebiscito del 57, entrara poco a poco en crisis de legitimidad. La verdad es que ni las reformas sociales de 1936 ni las posteriores de 1945, 1957 y 1968 alcanzaron a superar, las primeras, los hechos de violencia partidista, tampoco, las segundas, los movimientos de inconformidad por las limitaciones a las formas de participación ciudadana.
Había que recuperar la legitimidad constitucional, como punto de partida para retomar el orden social, y ello solo se lograría mediante un movimiento constitucional orientado a establecer nuevas formas de participación ciudadana, un esquema casi perfecto de declaración de derechos y unas acciones constitucionales necesarias para la defensa de estos. Este fue el propósito del movimiento constitucional de 1990, posteriormente convertido en asamblea constituyente, organizada para expedir una nueva Constitución para un modelo político diferente
