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Cualquier proceso serio de revocatoria de un alcalde u otro tipo de servidor público de elección ciudadana, debe buscar el bien de la comunidad y la defensa de las instituciones, de manera que cualesquiera otras motivaciones constituyen un despropósito y lo único que logran es afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones legítimas y legalmente constituidas y en ejecución. Con fundamento en estos parámetros, surgen tres preguntas que es menester responder con absoluta claridad.
· ¿A quiénes se puede revocar? Si se analiza el universo de servidores públicos de elección ciudadana, se encuentra que, de acuerdo con la Constitución y la ley, los miembros de corporaciones públicas no son susceptibles de revocatoria, por cuanto las decisiones adoptadas por el Congreso de la República, las Asambleas departamentales, los Concejos municipales o las Juntas Administradoras Locales, en principio representan la voluntad del órgano y no de un individuo determinado. Tampoco es susceptible de revocatoria el mandato del presidente de la república, pues de acuerdo con la Carta, este representa la voluntad general en sus decisiones, y siempre que estas estén enmarcadas por la legalidad, no existe argumento suficiente para quitarle el mandato por parte de quienes no están a gusto con ellas. En conclusión, la revocatoria sólo procede con respecto al mandato de gobernadores y alcaldes, quienes de acuerdo con el artículo 259 de la Constitución, al inscribir su candidatura, también registran su programa de gobierno, que es el punto de referencia para medir el grado de incumplimiento en su gestión, pues la revocatoria no puede proceder como un simple gesto de percepción emocional.
· ¿Quiénes pueden solicitar la revocatoria? La ley establece un procedimiento para que la revocatoria se adelante en beneficio de la integridad institucional y no simplemente para favorecer algunos intereses personales, especialmente de tipo político. Todo ciudadano puede hacer parte de los promotores de la revocatoria, buscando que no se utilice este procedimiento democrático como un mecanismo indirecto para impulsar una campaña política hacia algún cargo de elección, lo que definitivamente no es sano. El proceso de revocatoria debe ser absolutamente transparente en defensa de la institucionalidad y en ningún momento puede transformarse en una especie de proceso electoral para medir y calibrar el peso de las distintas fuerzas y aspiraciones políticas. En la democracia todo individuo tiene derecho a sus aspiraciones, pero en el momento adecuado y por los procedimientos correspondientes.
· ¿Para qué es la revocatoria? Hay que insistir. En primer término, para defender la institucionalidad, razón por la cual los únicos argumentos válidos son aquellos que suponen un incumplimiento del mandato a través de un ejercicio que busca demostrar que el respectivo funcionario está afectando la estabilidad, eficiencia, eficacia y moralidad administrativa de las instituciones. Además, debe quedar en claro, como lo hace la ley, que no se trata de un camino para reemplazar un caudillo por otro. Si ese fuera el mensaje, el proceso lo único que logrará será profundizar las divisiones y contradicciones sociales
