Pico y Placa Medellín
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Dos terceras partes de los barrios de Medellín y su área metropolitana tienen un combo. Son cerca de 400 en total, con alrededor de 12.000 miembros. El crimen organizado es uno de los principales empleadores de la ciudad. La mayor parte de sus ingresos provienen de la venta de drogas y la extorsión. Muchos emprenden en préstamos gota-gota, la venta de lotes informales, y hasta la venta de productos legales como los huevos y arepas—que los tenderos están obligados a vender. Todo esto hace que cada barrio de Medellín sea un botín extremadamente valioso.
En condiciones normales, esta sería la fórmula perfecta para la guerra: cientos de combos luchando por el valioso territorio de sus vecinos. Y así ha ocurrido en otros momentos. Entre 2008 y 2011 murieron cerca de 7.000 personas en Medellín, cuando se materializó una violenta lucha por los barrios y sus rentas. Durante este tiempo, miles de miembros de combos murieron, fueron arrestados o perdieron la riqueza que habían acumulado. Hoy, sin embargo, la ciudad es relativamente pacífica. La tasa de homicidios el año pasado fue, por primera vez desde que tenemos registros creíbles, prácticamente igual a la de Bogotá.
¿Por qué? En gran medida, porque los grupos criminales de Medellín han aprendido que la paz es más rentable que la guerra. Prefieren cooperar a luchar. Para mantener la paz, las estructuras criminales de la ciudad desarrollaron mecanismos de coordinación que mitigan los riesgos de un conflicto abierto. Las disputas se negocian antes de escalarlas con violencia. Desafortunadamente, esta paz que observamos hoy tiene un alto precio, que además es poco visible: la menor violencia facilita grupos criminales más fuertes, más rentables, y mejor organizados. Hoy, los combos de Medellín, con su diversificación y sofisticación, son más rentables que en muchas décadas. Tienen el monopolio del sector económico ilegal en la ciudad.
Con este contexto, el Gobierno Nacional inició un proceso de negociación con las estructuras criminales de Medellín. Se trata de diálogos enfocados en el desarme, la desmovilización y la reincorporación en el contexto de un sometimiento a la justicia. Surgen al menos dos preguntas. Primero, de los 12.000 miembros, ¿cuántos están interesados en el sometimiento? Probablemente pocos, en tanto una gran mayoría no tiene siquiera pendientes con la justicia—luego qué incentivos tendrían para someterse a las autoridades.
Segundo, en el hipotético caso de que haya suficientes incentivos para el sometimiento de los 12.000 miembros, es útil hacer un experimento mental. Supongamos que todas estas personas deciden irse por el desarme, la desmovilización y la reincorporación. ¿Qué podría ocurrir? Medellín se convertiría en el botín más deseado del crimen organizado latinoamericano. Grupos nacionales como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc o la Cordillera, o internacionales como el Tren de Aragua o el Cartel de Jalisco Nueva Guadalajara, pondrían sus ojos en Medellín. La ciudad sería, como lo fue en el pasado, una zona de guerra sin precedentes.
La ironía: el éxito de la política de “Paz total” detonaría una violenta guerra en Medellín.
