Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
La corrupción ha sido un problema estructural en Colombia. Hemos visto eventos escandalosos: Desde el patrocinio de carteles narcotraficantes a campañas presidenciales hasta la captura sistemática de la contratación pública en las ciudades más pobladas del país. Durante la última semana, los titulares han estado copados con la cifra de $380 mil millones revelada por Olmedo López, ex-director de la UNGRD, para ser utilizados en la compra de voluntades en el congreso, la consecución de votos en las elecciones regionales, y el enriquecimiento personal de políticos.
Usualmente medimos la corrupción de una manera pragmática: ¿Cuánto dinero se pierde? Esto se justifica en que el uso privado de recursos públicos limita el crecimiento y el desarrollo de manera directa: Limita la prestación de servicios como salud y educación, hace lenta o detiene la construcción de infraestructura física, limita la generación de bienes públicos como la seguridad y la defensa nacional, entre muchos otros problemas.
Pero la corrupción genera otro tipo de afectaciones en la sociedad. Nicolás Ajzenman, economista argentino y profesor de la Universidad de McGill en Canadá, examinó en un estudio reciente cómo la corrupción política puede fomentar la deshonestidad y erosionar los valores cívicos, enfocado en el caso mexicano.
El trabajo tiene dos partes. Primero, investiga si las revelaciones de corrupción por parte de funcionarios locales inciden en la ocurrencia de fraude en las pruebas estandarizadas que toman los estudiantes de bachillerato en México—similares a las pruebas SABER en Colombia, incluyendo estudiantes de varios grados y no solo de 11. Los resultados sugieren que cuando se hacen públicos los casos de corrupción, la tasa de fraude por parte de los estudiantes aumenta. Este aumento en la deshonestidad persiste durante más de un año después de que se revelaran los casos de corrupción. Además, el efecto en deshonestidad es más alto en la medida en que fueron más los casos de corrupción revelados.
Segundo, investiga si las revelaciones de corrupción cambian los valores ciudadanos, medidos con la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares en México. Los resultados sugieren que cuando los casos de corrupción se hacen públicos, los ciudadanos reportan en mayores niveles que “está bien hacer trampa para avanzar,” que “está bien romper las reglas,” o que “está bien no devolver una billetera que encontré,” entre otros.
En Colombia, los escándalos de corrupción no cesan. Al parecer, lo ocurrido con la UNGRD solo comienza. La campaña presidencial ganadora está plagada de investigaciones, que involucran incluso al hijo del Presidente Petro. En Medellín, Federico Gutiérrez anunció, en su tercer mes de gobierno, más de 500 hallazgos luego de una primera revisión de la gestión de la anterior administración. Los colombianos, seguramente, no recuperaremos los $70 mil millones que se perdieron en el corrupto caso de Centros Poblados.
Quienes incurrieron en esos y otros casos de corrupción deben enterarse. Sus acciones no solo le quitaron oportunidades de desarrollo al país. También transforman nuestros valores como sociedad, incluyendo los valores de los más jóvenes. Las consecuencias de su corrupción van más allá de una apropiación de recursos, también arraigan una cultura donde la corrupción se vuelve paisaje.
