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Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 31 de diciembre de 2018

“SE LE ACABÓ LA GUACHAFITA”

El 21 de diciembre el presidente, secundado por el ministro de Defensa y el cuestionado fiscal general, anunció desde Medellín la muerte de Walter Patricio Arizala alias “Guacho”, un delincuente ecuatoriano que sembraba el terror en su país y al sur de Colombia mediante asesinatos, secuestros, tráfico ilegal de drogas, terrorismo, etc.; ello fue posible gracias a la “Operación David”, liderada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, la Fiscalía y la DEA, quienes ubicaron a aquél en la vereda Peña Caraño de Llorente, cerca de la frontera. Dijo el mandatario: “...a alias ‘Guacho’ se le acabó la ‘guachafita’”, porque “ha sido abatido por los héroes de Colombia”.

Al respecto, narró este diario “los disparos de dos tiradores de alta precisión de las Fuerzas Especiales del Ejército terminaron con la vida de Walter Patricio Arizala, alias Guacho... y de alias “Pitufín”, el segundo al mando de la estructura que comandaba Arizala: el frente Oliver Sinisterra”. Y añadió: “cuando los francotiradores tenían en la mira a los dos cabecillas, recibieron luz verde para disparar y lograron su objetivo”, momento a partir del cual los comandos “entraron para asegurar la zona y recuperar los cuerpos de los delincuentes” (El Colombiano, 22 de diciembre).

Es más, según expresó a Bluradio uno de los francotiradores, una vez ubicado el objetivo accionaron los rifles de muy largo alcance desde la distancia mediante “un tiro sincronizado”; por eso, un sector de la gran prensa –siempre ávido de sangre– señaló que los bandidos fueron “neutralizados” u objeto de una “cacería”, como si se tratara de las más crudas concepciones preventivo especiales negativas en materia de los fines de la pena, que han hecho carrera entre nosotros en medio de ese lenguaje autoritario y exterminador, que todo lo invade.

Así las cosas, las preguntas que deben hacerse es si esos homicidios están excusados desde la perspectiva del derecho penal por presentarse alguna de las causales de exclusión del delito (legítima defensa o estado de necesidad); o, por el contrario, si se trata de una ejecución extrajudicial que no está amparada por el mismo. Al respecto, es necesario hacer varias precisiones: una, es irrefutable que las muertes no se produjeron en combate (incluso, el cadáver de alias “Guacho” fue mostrado sin camisa); otra, se trataba de desalmados malhechores que formaban parte de una “disidencia” dedicada a cometer crímenes diversos y sin ninguna mira política, no a la lucha armada para cambiar el orden vigente, por lo cual no se les puede calificar de delincuentes políticos.

Además, tampoco se puede hablar en ese caso de un conflicto armado interno, esto es, aquellos que tienen lugar “...en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo” (Art. 1º del Protocolo II de 1977). Y, añádase, los fallecidos no eran personas protegidas por el derecho internacional humanitario en los términos de los Cuatro Convenios de Ginebra.

Así las cosas, las acciones realizadas por esos tiradores –que algunos apresurados comentaristas califican de “legítimas”– no están amparadas por el derecho; no son crímenes de guerra sino homicidios comunes y no están cobijados por ninguna causal de exclusión de la responsabilidad penal. Son ejecuciones extrajudiciales y el Estado de derecho, por más censurables y abominables que sean los actos de los criminales, no puede descender (como aquí sucede) al mismo nivel de los delincuentes para combatirlos. ¡Hay una ética que debe respetarse!

En fin, una organización social democrática no puede acudir a francotiradores para “dar de baja” a sus más oscuros delincuentes ni quienes lo hacen pueden ser catalogados como “héroes”, como lo hizo el presidente en su alocución. ¡Qué siga, entonces, la “guachafita” oficial!.

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