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Colombia es un Estado unitario en el cual tanto el Presidente de la República como los gobernadores departamentales y los alcaldes distritales y municipales forman parte de la rama ejecutiva del poder público, con clara preeminencia del poder central a cargo del presidente, hasta el punto que tiene iniciativa en materia legislativa, dispone de mayores recursos e incluso puede tomar medidas que obligan a gobernadores y alcaldes en muchas materias, como por ejemplo, en el control del orden público y la seguridad.
Sin embargo, por tratarse de un Estado descentralizado la autonomía que tienen gobernadores y alcaldes les permite emprender acciones en determinados campos con independencia, sin estar obligados a pedirle consentimiento al ejecutivo central como, por ejemplo la construcción de escuelas, escenarios deportivos, unidades de salud o el nombramiento y traslado de maestros. Empero, debe destacarse que existen problemas y acuciantes necesidades que requieren la acción conjunta de la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios como ocurre con la necesaria ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos y de salud, los planes de construcción de vivienda, los proyectos de transporte en las ciudades y territorios por medio de metros o ferrocarriles, la construcción de aeropuertos o la ampliación de la red tecnológica.
Por eso, puede afirmarse que no hace bien el presidente Petro en discriminar a gobernadores con base en el resultado electoral del 29 de octubre, ya que no es simplemente discriminar a unos gobernadores, sino discriminar a millones de colombianos que habitan los departamentos donde el desenlace de las elecciones fue adverso a los grupos políticos afines al jefe de Estado. Máxime cuando por mandato constitucional el primer mandatario de la Nación como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa simboliza la unidad nacional y está obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. A su vez, tampoco obran acertadamente varios gobernadores si persisten en enfrentar y retar al presidente por motivos políticos, tal como ocurrió en la campaña electoral.
Si bien los municipios son los reales ejecutores en la prestación de los servicios básicos más cercanos a la comunidad, los departamentos son la instancia intermedia de articulación entre lo nacional y lo local, la institución que intermedia entre los municipios y la Nación, que, por su lado, actúa como apoyo complementario y subsidiario de las labores de los municipios, con el aporte de recursos, vía participación en los ingresos corrientes de la Nación, regalías y asignaciones presupuestales.
Todos los elegidos tienen legitimidad de origen por cuanto el pueblo los eligió, pero si quieren alcanzar legitimidad de resultado, que depende de que logren enfrentar con éxito los problemas de la comunidad y satisfacer las demandas ciudadanas, tienen que laborar en equipo. Es normal que tengan diferencias políticas, pero para el cumplimiento de los fines de las instituciones que regentan deben colaborarse armónicamente y reemplazar las dinámicas de confrontación por las de conciliación favorables a la negociación, para así lograr una sólida y productiva coordinación intergubernamental.
Es claro que por las tareas que estas instituciones deben desempeñar y por el compromiso y responsabilidad que tienen de servir a la comunidad, el gobierno nacional y los departamentales y distritales deben procurar encontrar las mejores formas de trabajar de consuno para bien de los colombianos, convencidos que se necesitan mutuamente.
