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El principal soporte de la democracia se encuentra en una justicia independiente, autónoma, oportuna, incluyente. Es más fácil instrumentalizar la justicia, que hacer justicia, razón por la cual estos principios se ponen en peligro cuando se pierde el respeto por la justicia. Las democracias empiezan a caer cuando la justicia se pierde o se compromete a fines diferentes a la realización de lo justo. Cualquier reforma a la justicia, por mucho que signifique en términos de avance tecnológico y facilidades de acceso, es inútil si no existe un verdadero compromiso de respeto y acatamiento por parte de los diferentes actores de la sociedad.
Varias situaciones implican una peligrosa pérdida de respeto a la justicia, con graves consecuencias para la convivencia social. Vale la pena mencionar las siguientes: (i) Cuando los demás órganos de poder, por distintos medios, buscan arrastrar las decisiones judiciales con el único propósito de defender sus intereses y legitimar todo tipo de conductas en contra de los principios que sustentan el Estado de derecho. Por ejemplo, la forma como el gobierno de Venezuela se apodera del pensamiento del tribunal constitucional para “legalizar” sus acciones, es tan grave como la destitución de los magistrados de la corte constitucional ordenada por el gobierno de El Salvador.
(ii) La pérdida de respeto también se presenta cuando los jueces y magistrados producen decisiones, actuaciones u omisiones, estimuladas, no por el alto sentido de lo justo, sino por componendas, acuerdos, pagos u otros medios que atentan contra la objetividad e independencia de la justicia, como sucedió en nuestro país con los magistrados involucrados en el denominado “cartel de la Toga”, o en el caso del magistrado de la Corte Constitucional cuestionado por recibir dádivas a cambio de decisiones de tutela.
(iii) Se pierde el respeto a la justicia, con grave peligro para el esquema del equilibrio de poderes, cuando las decisiones de los jueces son rechazadas con comentarios peyorativos provenientes de las demás instituciones del Estado, olvidando que, cualesquiera sean los motivos que impulsen los cuestionamientos desobligantes, las decisiones judiciales deben ser acatadas. Ello ocurre, por ejemplo, cuando un juez de tutela toma la decisión que considera adecuada en derecho y justicia, y sin embargo la misma no se cumple, ni por las autoridades ni por los ciudadanos afectados, como cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la situación de pandemia, prohibió la realización de marchas, en un fallo que fue absolutamente ignorado.
(iv) No hay respeto a la actividad judicial, cuando se evalúan situaciones similares con criterios diferentes. Por ejemplo, jueces que por circunstancias de pandemia prohíben la recolección de firmas necesarias en el procedimiento para la revocatoria de un alcalde, y sin embargo, guardan silencio con respecto a marchas que se adelantan en medio de la misma pandemia.
(v) Otra expresión de falta de respeto a la justicia, se manifiesta cuando los órganos judiciales se ponen en marcha para fines inocuos; por ejemplo, demandar la nulidad del partido Colombia vs Brasil
