El eje principal de la propuesta de gobierno de Juan Carlos Vélez, candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, es la seguridad. En este sentido, el candidato ha insistido en su idea de implementar la seguridad democrática en la ciudad, echando mano de las referencias a las ganancias de nuestro país en este rubro en los años del expresidente Álvaro Uribe y la pertinencia –según Vélez- de utilizar este modelo en Medellín.
Ahora bien, más allá de las obvias complejidades de utilizar una política de seguridad nacional que buscaba luchar contra grupos armados ilegales como la guerrilla, para combatir a organizaciones de crimen organizado y delincuencia común –por no hablar de los fenómenos de violencia espontánea y convivencia ciudadana-, las principales apuestas de seguridad del plan de Vélez Uribe parecen desconectadas de la realidad de la ciudad.
Una de sus ideas es la configuración de “redes de cooperantes” que apoyen a la fuerza pública en la identificación de fenómenos criminales en los territorios. Pero las redes de cooperantes podrían poner en peligro a los ciudadanos que las conforman, al involucrarlos directamente en el ejercicio de la seguridad y por la posibilidad de convertirlos en blanco de los delincuentes. De igual forma, pueden crear redes poco confiables que se exponen a riesgos de infiltración por parte de las mismas bandas que buscan erradicar. Hay mejores maneras de incentivar la denuncia ciudadana, aumentando la confianza entre ciudadanos, policía y administración municipal, un logro de la gobernanza y la rendición de cuentas y no de los radioteléfonos.
Otro asunto es su disposición a hablar de “inversión en tecnología de punta” en seguridad. Medellín ya ha hecho importantes inversiones en este frente y de acuerdo a personas que trabajan en el sistema, la urgencia no está en más tecnología, sino en más personas y mejor capacitación para operarlas. Junto a esto, Vélez Uribe ha propuesto el establecimiento de un “123 para emergencias de salud”, el problema es que la línea 123 actual de la ciudad opera para todo tipo de emergencias, incluidas las de salud.
Finalmente, y al igual que otros candidatos, Vélez Uribe señala la necesidad de tener más policías para Medellín. Esto supone un problema por dos razones. La primera, que Medellín no está tan mal en el número de policías. De hecho, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad, la ciudad tiene un policía por cada 316 habitantes, una cantidad superior a la de ciudades como Nueva York y Londres y bastante alta comparada con el resto del país. La segunda tiene que ver con quién toma la decisión del número de policías que recibe la ciudad y las dificultades que Vélez Uribe tendría para gestionar esto. En efecto, es desde el gobierno central que se despachan las fuerzas de policía –además del personal de la rama judicial, otro punto clave en la gestión de la seguridad- y si Vélez Uribe va a llegar a ejercer como oposición directa al gobierno Santos, su política de seguridad se va a ver bastante resentida por las dificultades de cooperar con el gobierno nacional.
Así pues, es preocupante que el candidato que tanto utiliza el discurso de la “seguridad” tenga vacíos tan claros en sus principales propuestas, una certeza que se vuelve más sospechosa en su obsesión por hablar de temas nacionales sobre preocupaciones locales. De hecho, llamar a la “seguridad democrática” del expresidente Uribe no puede ser suficiente para resolver los problemas de la ciudad. Lo que nos propone Vélez Uribe en este rubro no es suficiente para Medellín.
