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En el país, nos enfrentamos a una situación alarmante en materia de seguridad y defensa. El panorama revela la presencia de cinco grupos armados principales y numerosas estructuras de crimen organizado. Además, se estima que hay alrededor de 20.000 combatientes activos y un aumento considerable en el reclutamiento forzado de menores de edad.
Entre los riesgos identificados se destaca la desestructuración del sistema de seguridad y defensa nacional, el debilitamiento de la inteligencia y la seguridad rural y el desmonte de la capacidad de lucha contra los cultivos ilícitos. Estos aspectos requieren atención inmediata para fortalecer las capacidades de seguridad y defensa del país.
Además, se observa la necesidad de mejorar la cooperación fronteriza y la operatividad en la lucha contra el crimen transnacional. La reapertura de relaciones con Venezuela sin un plan de seguridad y lucha contra el crimen en la frontera plantea un riesgo adicional.
La falta de apoyo y presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, genera preocupación entre la tropa y debilita aún más la situación. Es fundamental contar con un liderazgo sólido y una conexión cercana con la fuerza pública para abordar estos desafíos.
Adicionalmente, en el actual panorama político, nos encontramos ante una coyuntura alarmante relacionada con el manejo de la comunicación por parte del gobierno frente a los grupos al margen de la ley. Es preocupante observar cómo se utilizan eufemismos y se desvirtúa la gravedad de los hechos, lo cual genera una sensación de impotencia, desprotección y frustración en la sociedad.
Es inaceptable que el propio Presidente haga uso de términos como “tomados” en lugar de “secuestrados” al referirse al caso de la sargento y sus dos hijos. Esta forma de minimizar los hechos es inapropiada y muestra una falta de solidaridad y empatía hacia las víctimas y sus familias, así como una negación de la realidad.
El uso del término “cerco humanitario” en lugar de “secuestro”, hace unos meses, por parte del exministro Prada es otro ejemplo de cómo se intenta desviar la atención y diluir la gravedad de la situación.
Es indignante y aterrador que el ministro de Defensa haya atribuido el secuestro a la supuesta “imprudencia” de las víctimas. Esta declaración refleja un enfoque equivocado y peligroso, donde se busca culpar a los afectados en lugar de responsabilizar a los verdaderos criminales y condenar las acciones del Eln.
Es fundamental recordar que la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos recae en el gobierno. Es su deber proteger y salvaguardar la integridad de la población, sin importar las circunstancias. Culpar a las víctimas y minimizar la gravedad del secuestro solo socava la confianza en las instituciones y muestra una falta de compromiso con la justicia y el bienestar de los ciudadanos.
Un proceso de paz sostenible requiere de un liderazgo fuerte y decidido, dispuesto a enfrentar los desafíos y a tomar medidas contundentes contra los actores violentos. Es necesario que el gobierno brinde un respaldo claro a la fuerza pública y demuestre una total determinación para perseguir y castigar a los responsables de actos criminales.
Nuestra seguridad está en jaque. Advertidos estamos.
