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La extrema izquierda sí existe
Existe en Colombia una asimetría que rara vez se discute: mientras la extrema derecha es nombrada sin reparos y medida con la vara más exigente, su equivalente en el otro extremo apenas figura en el vocabulario público. El gobierno de Gustavo Petro y la candidatura de Iván Cepeda que encarna su continuidad representan una posición próxima a la extrema izquierda; y, sin embargo, la prensa rara vez se atreve a designarla con esas palabras.
La primera señal de ese carácter está en la concepción del poder que ha cultivado el presidente. Desde los balcones, las plazas y las alocuciones, Gustavo Petro impulsó una idea de democracia directa orientada a sortear la democracia representativa, pese a que las urnas matizaban esa identificación al alcanzar la Casa de Nariño por un margen estrecho frente a Rodolfo Hernández. Esa concepción se tradujo en que el gobierno pasó por encima del Congreso y desafió al Consejo de Estado para convocar una Consulta Popular que le permitía intervenir en la contienda electoral antes de que arrancara el calendario electoral y cuando las instituciones le recordaron los pesos y contrapesos, su respuesta no fue acatar, sino amenazar desde las calles.
A ello se sumó la amenaza permanente de una Asamblea Nacional Constituyente, que dejó de ser una advertencia retórica para convertirse en un proyecto concreto. La impulsó, primero, su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, con un borrador de articulado; y, después, un comité promotor que el petrismo activó al creerse seguro de la victoria de su candidato, con el fin de reformar la Constitución de 1991 por una vía que esquivara el trámite legislativo ordinario. Si la democracia no terminó desbordada no fue por falta de intención, sino por la resistencia de instituciones como el Senado, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que frenaron una y otra vez los intentos de forzar las reglas. El afán de rebasar el Estado de derecho de 1991 estuvo siempre presente y por eso no logro sobrepasar los límites del poder presidencial.
Un eventual gobierno de Iván Cepeda no solo daría continuidad a ese proyecto de democracia plebiscitaria, de mano alzada y de inspiración cubana, sino que pondría en riesgo el equilibrio de poderes en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y el Banco de la República que contuvieron el impulso autoritario del presidente. A esa amenaza se añade el dogma estatizante que ya deterioró el sistema de salud, desfinanció el Icetex y las becas de Colfuturo, y que podría comprometer el sistema pensional y servicios públicos como la energía y el gas.
Hay, además, un hecho que tensiona el discurso de campaña. En varias zonas con presencia de grupos armados ilegales se ha denunciado que se obliga a la población a votar por el candidato del gobierno, algo difícil de conciliar con el lema —que no pasa de ser un lema— “Me la juego por la vida”. Ya en la primera vuelta hubo 218 mesas en las que Iván Cepeda obtuvo el 100 % de los votos, la mayoría en municipios golpeados por el conflicto y con débil presencia estatal. La amenaza fue y sigue siendo real, y la prensa, sin embargo, no aplicó a este gobierno, ni a su continuidad, el mismo rasero de la derecha, evitando calificarlos con la etiqueta de extrema izquierda.
La batalla de las palabras
La politóloga española Edurne Uriarte, en La batalla de las palabras para una nueva derecha (2026), describió con precisión el terreno donde se libra hoy buena parte de la política. Su tesis se resume en una frase suya: “la izquierda domina el lenguaje y, por lo tanto, domina la batalla de las ideas”. Ese dominio descansa en una posición de ventaja en los tres territorios que fabrican el sentido común de una sociedad: los medios de comunicación, el mundo de la cultura y las universidades.
El mecanismo resulta eficaz porque opera de manera invisible. No consiste en censurar al adversario, sino en cargar ciertas palabras de connotación moral hasta convertirlas en veredictos disfrazados de descripción: progresista evoca futuro, apertura y generosidad, mientras que ultra evoca amenaza, fanatismo y retroceso. Quien logra imponer ese diccionario gana la discusión antes de que comience, pues ha decidido de antemano dónde están los buenos y dónde los peligrosos. Para Uriarte, adjetivos de esa clase se han vuelto la herramienta predilecta para deslegitimar a los críticos y a toda la derecha, hasta el punto de que basta disentir para quedar marcado.
La campaña de Iván Cepeda ofrece un ejemplo nítido de esa disputa simbólica. Su lema, “Me la juego por la vida”, no apunta a la realidad de los cuatro años que pretende prolongar, en los que crecieron las estructuras armadas ilegales, los homicidios, los secuestros, el desplazamiento forzado y las masacres: bajo el eslogan oficialista de la “potencia mundial de la vida” se acumularon, entre 2022 y 2026, más de cuatrocientas masacres. El lema, no obstante, se mueve en un plano puramente simbólico que invisibiliza el saldo de la Paz Total y reparte los papeles de antemano.
El efecto de esa operación es tan eficaz como injusto. Si votar por Cepeda es “jugársela por la vida”, quien no lo acompaña queda señalado por votar, supuestamente, por la muerte; y el propio candidato ha ido más lejos, al calificar a su adversario de representar “el fascismo mafioso” y “la extrema derecha fascista”. La paradoja es evidente, pues fue el petrismo el que durante estos años descalificó a quien se atrevió a disentir, incluso dentro del propio gobierno. Los ministros que cuestionaron al presidente fueron retirados y reemplazados por servidores fieles, hasta dejar el gabinete depurado de cualquier voz incómoda. Es esa misma fuerza, hoy convertida en continuidad, la que se presenta como defensora de la vida frente a un rival al que reduce a la categoría de amenaza.
Los sesgos de la prensa
Esa asimetría no es una abstracción importada de España, sino algo que se observa a diario en la cobertura colombiana, y no solo en las columnas de opinión, donde el sesgo al menos se declara, sino también en editoriales y reportajes que se presentan como información neutral. Precisamente allí, donde el lenguaje debería ser más cuidadoso, el doble rasero opera con mayor descaro y con mayor eficacia sobre el lector desprevenido.
El repertorio es predecible. Para referirse a Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha, la prensa recurre casi por reflejo a tres adjetivos: extremo, radical y ultra. Para referirse a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, en cambio, el vocabulario se ablanda hasta volverse casi afectuoso: izquierda, centroizquierda, progresista. La misma realidad política recibe un tratamiento distinto según la orilla a la que pertenezca el candidato.
El patrón es tan constante que se filtra incluso en los titulares. Un encabezado típico de esta segunda vuelta podría leerse así: “El candidato ultra logra el 43,7 % de los votos y el aspirante de izquierda, un 40,9 %”. A De la Espriella se le adjudica un prefijo descalificador, ultra; a Cepeda, una etiqueta limpia, de izquierda. El sesgo cabe entero en una frase, y no es el desliz de un periodista ni la línea de un único medio, sino una constante editorial que atraviesa buena parte de la prensa nacional e internacional. Cuando un medio reproduce sin matiz ultra para uno y progresista para el otro, adopta —quizá sin advertirlo— el marco de una de las partes, y la tan invocada objetividad se quiebra en la elección misma del sustantivo.
Por un equilibrio en el lenguaje
Alguien podría objetar que el planteamiento es tramposo, por cuanto la extrema derecha sí sería real y la extrema izquierda una exageración. Se puede sostener, con argumentos, que De la Espriella encaja en la derecha radical o en la ultraderecha, como lo sugieren propuestas como la construcción de megacárceles al estilo del salvadoreño Bukele, y aquí no se pretende negarlo. La objeción apunta a la asimetría con la que se reparten esas etiquetas, que es la que silencia el otro extremo.
Resulta revelador que, después de un gobierno como el de Gustavo Petro —que asedió la democracia a diario—, los medios, los intelectuales y los artistas reserven el rótulo de extrema derecha para un candidato que jamás había participado antes en política, y describan en lenguaje moderado al que encarna la continuidad de ese mismo gobierno. El recién llegado recibe el adjetivo de extremista, mientras el heredero del proyecto que erosionó las instituciones obtiene apenas el de progresista.
Y esa continuidad no es un detalle decorativo. Iván Cepeda no se niega a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, no cuestionó los errores del gobierno saliente y ha planteado medidas que tocan la arquitectura de contrapesos del Estado colombiano. En boca de cualquier candidato de la derecha, esas mismas propuestas habrían desatado de inmediato una catarata de titulares con la palabra autoritario.
Un periodismo coherente aplicaría a ambos el mismo estándar. Si una política de mano dura merece la etiqueta de radical, también la merece un programa que se propone debilitar los contrapesos institucionales que sostienen la democracia. Calificar de extremo a quien recién llega y de moderado a quien representa la continuidad de un proyecto que asedió las instituciones no describe la realidad, sino que la maquilla.
El silencio sobre la extrema izquierda no obedece, en suma, a que el fenómeno no exista, sino a que la palabra fue desactivada antes de llegar a la conversación. Quienes fabrican el sentido común —los medios, la academia y la cultura— comparten en buena medida el marco de la izquierda, y dentro de ese marco la izquierda nunca llega a ser “extrema”. Por lo que resulta apremiante exigir simetría en las etiquetas y recuperar para el debate las palabras que las campañas y los medios, muchas veces, nos arrebatan sin que lo notemos.
