Después de que el Capitolio fuera asaltado por una muchedumbre provocada por el presidente Trump, Facebook suspendió su cuenta, argumentando que se usó “para incitar a una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente”. Twitter, citando “el riesgo de una mayor incitación a la violencia”, ha hecho lo mismo, impidiendo que Trump use su plataforma para comunicarse con sus más de 80 millones de seguidores.
¿Qué deberíamos pensar sobre el poder de tales corporaciones privadas –y de los inmensamente ricos propietarios de las compañías– sobre el discurso político estadounidense?
Esa es una pregunta difícil de responder. Por un lado, excluir a un usuario como Trump es perfectamente legal y los peligros del poder corporativo a menudo se exageran.
Por otro lado, estas empresas están ejerciendo una enorme capacidad para silenciar todo el discurso de un político, no solo las partes peligrosas. Si esto lo hiciera el gobierno, sería condenado como una restricción previa, es decir, una acción que prohíbe una amplia gama de discursos futuros, en lugar de castigar una declaración pasada específica. Además, estas empresas lo están haciendo en un entorno de competencia limitada y con poca transparencia, protección procesal o responsabilidad democrática.
Lo primero que hay que entender es que estas acciones de Facebook y Twitter están legalmente permitidas. No violan la Primera Enmienda, que vincula solo al gobierno federal, ni la 14ª Enmienda, que aplica la Primera Enmienda a los gobiernos estatales y locales. La suspensión de las cuentas de Trump tampoco viola ningún estatuto existente; ninguna ley limita el poder de los servicios en línea para hacer eso.
Y ese poder ciertamente puede ejercerse de buenas maneras. Quizás Facebook y Twitter deberían ser más activos en suspender las cuentas de los funcionarios electos, candidatos y otros, si creen que esas personas, de izquierda, derecha o en cualquier otro lugar del espectro político, están fomentando disturbios, envalentonando a los saqueadores o apoyando la violencia o el vandalismo.
Este bloqueo no solo afecta al hablante; también afecta a los millones de personas que usan Facebook y Twitter para escuchar lo que tienen que decir sus funcionarios electos.
Y lo que sucede una vez es probable que vuelva a suceder. Después de esto, habrá presión para que Facebook, Twitter y otras empresas repriman otros discursos, como la retórica ardiente contra la policía, las empresas petroleras o las autoridades comerciales mundiales. La gente exigirá: si bloqueó A, ¿por qué no bloqueó B? ¿No es hipócrita o discriminatorio?
Las empresas, además, están dirigidas por humanos, sujetas a fallas humanas normales. La suspensión de Trump puede haber estado motivada por un deseo sincero de resistir los esfuerzos “para socavar la transición pacífica y legal del poder”, como dijo el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Pero otros políticos podrían ser suspendidos porque sus políticas son malas para las ganancias corporativas o contrarias a las ideologías políticas de los propietarios.
Está en la naturaleza humana que las personas piensen lo peor de los puntos de vista de sus adversarios, incluso etiquetándolos como discursos de odio o noticias falsas o incitación, mientras les dan a sus aliados el beneficio de la duda. Y, a veces, el solo riesgo de suspensión presionará a los políticos para que eviten tomar posiciones que a una empresa le disgustan.
Tampoco debemos exagerar el peligro del poder corporativo. Facebook y Twitter, a diferencia del gobierno, no pueden enviarnos a la cárcel ni cobrar impuestos.
Pero al menos las restricciones gubernamentales de expresión se implementan en audiencia pública, con revisión de apelación. Los oradores pueden argumentar por qué su discurso debe permanecer protegido. Los tribunales deben seguir los precedentes, lo que garantiza cierta igualdad de trato. Y las reglas son generalmente creadas por el público, por sus representantes o por jueces designados por esos representantes.
Las reglas de Facebook y Twitter carecen de transparencia, protecciones procesales y pedigrí democrático. (Facebook acaba de iniciar una junta de supervisión que podría brindar más transparencia, pero aún está muy por debajo de lo que ofrece el sistema legal).
Tanto los liberales como los conservadores deberían apreciar los peligros del poder, especialmente el poder de las enormes empresas que tienen pocos competidores y una enorme influencia en la vida política
