Por Esteban Mery Fernández*
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Los hechos de los últimos días en el marco de un paro nacional son de extrema gravedad y confusión. Ante esta realidad se han difuminado lo que deben ser las prioridades en el manejo del Estado.
Lo primero, y no lo olvidemos, es el derecho a la vida y la obligación del Estado de protegerla a toda costa. Estamos en una pandemia que tiene en jaque la capacidad hospitalaria del país y para poder atenderla es fundamental garantizar vías de acceso, abastecimiento y seguridad.
Una inoportuna reforma tributaria fue la gota que rebosó una copa que se venía llenando de frustración, dolor, abuso, impotencia, violencia, polarización, desigualdad, fatiga y odio. El pueblo salió a manifestarse en momentos en los que las aglomeraciones no podían ser más contraindicadas y azuzados por unos oportunistas, expertos en pescar en río revuelto, los desmanes se sirvieron en bandeja de plata. Heridos, muertos, bloqueos, desabastecimiento, caos, fuego amigo y enemigo se conjugan con la violencia disparada desde las redes sociales a veces brutas en sus contenidos. Adicionalmente, civiles han decidido armarse como si no hubiéramos aprendido la lección del pasado. Esa no es la respuesta.
Uno no puede dejar de asombrarse ante la contradicción de un país que hace apenas unos años firmó un proceso de paz, merecedor de un premio Nobel, esté ahora a las puertas de un conflicto civil de inimaginables consecuencias. Pero los colombianos lo sabemos bien: ese proceso no estuvo acompañado de la requerida transformación social fruto de la verdad y reparación. Más bien ha sido fuente de crispación e indignación por su amaño, mentiras y manipulación.
Para atender el más grande reto de atención en salud al que nos hemos visto enfrentados necesitamos vías despejadas, abastecimiento garantizado de lo esencial como oxígeno, medicamentos y alimentos, de la mano del más riguroso respeto por el derecho internacional humanitario. Los organizadores del paro nacional deberían demostrar su liderazgo guiando a los manifestantes hacia el desescalamiento para continuar el diálogo en unos escenarios más propicios y conducentes a solucionar los problemas fundamentales de nuestra sociedad, no porque la protesta no sea válida, sino porque en este momento la prioridad debe ser la vida.
El llamado al Gobierno no puede ser otro a que ejerza el liderazgo que ha estado ausente. Es su obligación restablecer el orden, calmar los ánimos a través de la inclusión, mientras atiende las voces de un pueblo inconforme y abusado. Esto, por cierto, no se hace a través de un programa de televisión, sino en las regiones, remangados, trabajando, escuchando y liderando con ejemplo.
Los ciudadanos debemos también liderar con buen comportamiento, apoyando la legalidad y las instituciones. No es momento de destruir, quemar, quebrar, bloquear, abusar ni disparar. La convocatoria debe ser a parar el odio, la polarización, la destrucción y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
Gobernantes: lideren y actúen por favor. Organizadores del paro: demuestren su liderazgo calmando y no atizando. Ciudadanos: elijamos proteger y preservar la vida
* Médico internista e intensivista (Universidad de Pittsburg, EE.UU.).
