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Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 28 de diciembre de 2020

UN CRIMEN INCONCEBIBLE

Sobran los calificativos para designar el comportamiento que ha tenido lugar en la zona boscosa del municipio de Rionegro, en las horas de la tarde del pasado 17 de diciembre, cuando una infante de apenas 18 meses de edad fue asesinada en condiciones que todavía son objeto de investigación, no obstante lo cual el crimen ha sido imputado a su padre. Un atentado de esos que sacuden las entrañas y llenan el alma de dolor y tristeza, sobre todo si se piensa en que se trataba de una criatura indefensa que fue privada de su vida de forma brutal.

Sin embargo, enfrente a acciones delictivas como estas la justicia penal no puede perder su brújula y tornarse en actora de un espectáculo publicitario preparado para los medios masivos de comunicación, mientras a la familia y la defensa del encartado se le ponen todas las trabas; dicho de otra manera: tragedias como estas no deben ser el escenario para dar rienda suelta al populismo punitivo judicial (para el caso, por parte de los órganos de investigación) ni para que los comunicadores incoen procesos mediáticos contra el imputado de turno y, a su amaño, generen juicios de responsabilidad apresurados. De por medio está el sagrado derecho a la presunción de inocencia y el endilgado –sin importar su condición– no pierde su indemnidad personal; por ello, los seres humanos no pueden ser instrumentalizados para los fines perseguidos por los pulpos de la información y los de algunos servidores de la justicia que, con sus actos, solo planean el futuro político.

También la familia de la víctima debe ser protegida para preservar a toda costa su intimidad, máxime si ella está conformada por personas laboriosas que hoy lloran a su ser querido; y, por supuesto, otro tanto sucede con la parentela del posible autor –quien, a propósito, después de un interrogatorio irregular en el cual no se tuvieron en cuenta sus desarreglos comportamentales, no aceptó los cargos formulados en la diligencia de imputación e incluso, en una entrevista pública hablada, rechazó la autoría– cuyos integrantes (también ciudadanos probos) no pueden ser objeto de persecución ni de invasión a su privacidad, para darle rienda suelta al morbo y la especulación informativa.

Desde luego, cuando se trata de casos tan estremecedores como este no pueden perderse de vista aspectos que deben llamar la atención de los expertos; obsérvense, entre otros, los siguientes: el padre de la niña se mostró siempre como un ser amoroso y muy comprometido con ella, rodeándola de cariño y afecto; después del hecho, esa persona fue encontrada caminando por las calles del sector deambulando y desorientada, con múltiples heridas, sangre en su ropa y golpes. Algunos, incluso, dijeron haberlo visto “inconsciente”; además, los investigadores calificaron la situación como “muy extraña”, máxime si el encartado no presentaba síntomas de haberse drogado; también, algunos curiosos mencionaron haber visto una constelación afectiva confusa en la persona del posible autor (quien, recuérdese, dijo a un medio local que le habían suministrado una sustancia extraña), etc.

Como es obvio, lo primero que debe hacer la justicia penal –obligada a actuar con absoluto celo, transparencia y desprevención– es recaudar todas las evidencias en forma legal, de cara a esclarecer con toda certeza la autoría material de los hechos. Y una vez llevado a cabo ello, se debe hacer un profundo estudio de la personalidad del encartado o encartados por parte de expertos de las disciplinas forenses para examinar todos sus antecedentes familiares e individuales, los factores desencadenantes del insuceso y establecer si se presentó algún fenómeno que haya podido desatar una perturbación del psiquismo. Nadie delinque sin un móvil que explique su actuar, han dicho los más brillantes criminalistas.

Y, por supuesto, la comunidad y los medios de comunicación social –sin prejuzgamientos dañinos ni injerencias atrevidas– tienen que prestar todo su apoyo a las autoridades para que ellas establezcan la verdad y hagan pronta justicia

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