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Cuando fue nombrado Francisco Barbosa Delgado como fiscal general –quien, como persona merece todo el respeto y la consideración– era claro que carecía de las calidades legales y constitucionales para detentar el cargo, ante su incompetencia en materias jurídico-penales y por su amistad íntima con el Presidente. Y eso se acaba de verificar con el viaje de placer a San Andrés durante las festividades religiosas de San Pedro y de San Pablo, acompañado del contralor y la comitiva familiar y oficial a bordo, mientras el país confinado pasaba enormes dificultades por la pandemia.
En efecto, para escudar en actividades laborales sus escondidos ocios, se dijo que el motivo del periplo era darle acompañamiento a la mesa anticorrupción en la que ambos toman parte. Es más, en ese lugar el funcionario citado –tras recordar que ocupa el segundo cargo más importante del país– se ofreció para llevar las inquietudes de los sanandresanos al primer mandatario, como si una de sus funciones fuera traficar con influencias.
Y cuando el escándalo empezó a tomar forma, en un posterior foro público el día treinta de junio, el jefe del ente acusador aprovechó esa oportunidad para injerir en terrenos ajenos: habló de la pandemia y su manejo, la economía del país, la política nacional y, por supuesto, defendió su periplo de placer. Además, desafiante, se pronunció contra quienes abogan por una cuarentena estricta en atención a los elevados niveles de contagio observados, los cuales ponen en jaque a toda la red hospitalaria urgida de los recursos que hoy se malgastan. Incluso, cual aguerrido boxeador, gritó: “Es una vergüenza, ¿hacer cuarentenas de qué?”.
Luego, cuando los cuestionamientos arreciaban, en rueda de prensa convocada al efecto se mostró desencajado y justificó su gira con el argumento de que –como buen padre de familia– debía llevar consigo a su hija adolescente; incluso, con algún dejo de humildad, sugirió que se le tratara con humanidad. Pero como aquí todo se hace mal, a la par, un fiscal delegado ante la Corte –de su confianza– anunció la inminente aprehensión del gobernador de la Isla de San Andrés por supuestos actos corrupción que, dijo, fueron verificados por su jefe en forma personal. ¡La vieja práctica del chivo expiatorio!
Y, tras esta cadena de desmañas, sucedió lo de otras veces: aparecieron las desmedidas reacciones de algunos medios de comunicación y de diversos núcleos de opinión quienes, de forma inmisericorde, han cuestionado el proceder de los otrora ensalzados; es más, a través de las redes sociales –casi siempre deletéreas– empezaron a circular los más crudos y denigrantes comentarios como para ratificar que del árbol caído todo el mundo hace leña.
Por supuesto, lo que nadie esperaba era que el pasado ocho de julio y en defensa del actual fiscal general apareciera el ex fiscal Eduardo Montealegre Lynnet –con una carta en la que, además de posar de filósofo griego, destila veneno y se proclama adalid de la moral pública y las libertades–; los motivos que inspiran su ácido libelo no están del todo claros. ¿Quién lo llamó? ¿A cambio de qué? ¿Por qué? ¡Ahora solo falta que también desfile otro personaje borroso de muy ingrata recordación: Néstor Humberto Martínez Neira!
Este sainete de mal gusto, pues, continúa y la conclusión más dolorosa –que se suma a muchos desaciertos, dobles morales, incoherencias, megalomanías y pataletas– es que seguimos a la deriva y nunca aprendemos las lecciones; y, lo más preocupante es que con estos hechos se daña de manera profunda a la Administración de justicia. Por eso, urgen replanteamientos de fondo y –entre muchas otras cosas– se necesita que este tipo de cargos se entreguen a personas irreprochables, de las más altas calidades éticas y profesionales, maduras y coherentes, independientes; seres humanos que no vuelvan sus despachos antros de corrupción para festinar los dineros públicos.
Necesitamos, pues, verdaderos apóstoles de la causa de la Justicia y del bien común
