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Son tan desafiantes la corrupción y la desigualdad en Colombia, que el país acaba de ser considerado -en una encuesta de percepción- como el de mayor corrupción entre los países incluidos en la consulta, y el de mayor exclusión social en América Latina. Eso de que terminó el 2019 con el cetro de la podredumbre moral, según la publicación US News & World Report, y con el 70 % del total del patrimonio bruto en manos del 10 % de los más ricos, es abiertamente indignante y provocador. O que el 88 % de la tierra esté concentrada en pocos propietarios, se vuelve desafiante. Las coronas de ser el país más putrefacto en su ética y de mayor inequidad en la región, “la más desigual del mundo”, evidencia la postración social que deja muy mal parada a la sociedad colombiana.
Indudablemente que las corruptelas, las inequidades sociales, han sido combustibles para que ardan y se desborden las protestas callejeras –que ayer se retomaron– contra las instituciones del Estado. Pero no pocos de los marchantes equivocan el sentido real y pacífico de sus reclamos, recurriendo a las broncas y vías de hecho para crear pánico y zozobra. Elevan su voz para demandar soluciones a los problemas sociales, peticiones que deslegitiman con el protagonismo de matones infiltrados para sembrar anarquía y destruir bienes públicos y privados.
Con la misma vehemencia que reclaman soluciones a aquellos desafíos y rupturas, debían inundar las calles para exigirles a las instituciones estatales, luchar con firmeza contra el narcotráfico, contra la tala de bosques y la minería ilegal, contra el terrorismo guerrillero que contamina los ríos, contra los usurpadores de tierras que sacan a sangre y fuego a sus legítimos propietarios. Así se harían más creíbles y legítimas sus marchas.
La corrupción y las desigualdades que experimenta el país constituyen el terreno abonado para los populismos de izquierda y derecha. Aprovechan las debilidades del sistema de Estado y sociedad para sustituirlo por otro imaginario de bienaventuranzas que proclaman con el lenguaje ilusorio y efectista de los demagogos de barrio.
La coca ha sido el gran incentivo para elevar los índices de corrupción. Genera chorros de dinero para comprar armas y conciencias. Y si a ella se le suma la minería ilegal, la violencia y la corrupción se vuelven irrefrenables. Coca y minería ilegal son ingredientes para acrecentar las tribulaciones nacionales, dada la incapacidad del Estado –asfixiado por absurdas disposiciones leguleyas– para enfrentarla. Son tan fuertes y boyantes estas industrias que nacen de la siembra, explotación y venta ilícita de plantas envenenadas y procesadas y de las minas ilícitas, que no solo avivan violencia y corrupción sino que corrompen instituciones y sistemas de Estados.
El Estado, si quiere sobrevivir en democracia, tiene que enfrentar esos desafíos sin más dilaciones, sin más vacilaciones, con mayor decisión y coraje. Debe enfrentar el leguleyismo, jugarse sus cartas para introducir ajustes a sus políticas jurídicas, sociales, económicas e institucionales que desactiven las bombas del agotamiento ciudadano. Tener voluntad y decisión para hacerlo por las vías democráticas antes que las hagan a la fuerza las extremas que acechan en las urnas.
