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Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 02 de septiembre de 2019

UNA HERENCIA SOMBRÍA

Tras pasar airoso por el Senado de la República (organismo que lo aprobó en dos debates) hace, ahora, su tránsito por la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 408/2019C- 060/2019S, “por medio del cual se adoptan disposiciones de fortalecimiento de seguridad ciudadana”, que modifica los códigos penales. Su paternidad le corresponde al anterior Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien, recuérdese, gracias a un habilidoso golpe de mano, se deshizo de la Fiscalía General Ad hoc y amortiguó a sus críticos, para poder manejar a su antojo los hilos de esa dependencia en cuerpo ajeno.

El blanco predilecto de la iniciativa son aquellas problemáticas atinentes al derecho penal de drogas (parte del articulado está dirigido a los consumidores de sustancias prohibidas, en medio de una calculada guerra jurídica contra esas conductas), patrimonial (agrava las penas para ciertos atentados de poca entidad), sexual (modifica algunas figuras en esta materia o introduce otras), informático (vuelve a introducir la estafa por medios informáticos y hace un par de propuestas más) y la reincidencia (aquí convertida en un burdo trofeo de guerra punitivo).

Con ello, entonces, se recogen directrices externas que han hecho de esa política de “seguridad ciudadana” un aspecto nuclear de la agenda pública de todos nuestros países y no, precisamente, para reivindicar espacios democráticos sino autoritarios; de allí que los cambios anunciados solo sean herramientas utilizadas por los políticos –aquí se trata de uno que, el día quince de mayo, le señaló al país sus aspiraciones– para obtener réditos electorales, a la sombra de tesis como aquella según la cual el incremento en las penas conlleva ipso facto la reducción de las tasas de criminalidad; o el postulado a cuyo tenor las sanciones refuerzan determinados consensos morales esenciales para la vida comunitaria. ¡Puro populismo punitivo!

Es más, en ese contexto esas concepciones se filan al lado de las que, con un enorme contenido alegórico, propician la expedición de normas penales a granel –plagadas de graves yerros que mucho desdicen de la buena técnica legislativa– sin pensar en su eficacia; lo importante es “legislar” para dotar a las autoridades de persecución penal de supuestos instrumentos que les permitan adelantar sus tareas, aunque se sabe que no sirven para luchar contra la criminalidad. El proyecto de ley en mención, entonces, está diseñado para no ser aplicado porque no hay voluntad política de hacerlo y, además, en atención a que la rama judicial del poder público –presa de una crisis manifiesta– es incapaz de utilizarlo; es pues, también expresión del derecho penal simbólico.

Desde luego, lo curioso es que mientras con este tipo de iniciativas se hace recaer todo el peso de la justicia penal sobre ciertas delincuencias (casi siempre de no mucha monta) se olviden otras que sí poseen inusitada gravedad. Piénsese, en las conductas que tiene como protagonistas a corruptos que saquean a su amaño el erario, a desviados vinculados a bandas criminales, a grupos de terroristas (a los que, por cierto, ahora se trata con la mano blanda y amigable de la llamada justicia transicional: un verdadero derecho penal de amigo), a delincuencias transnacionales (como el saqueo de los recursos naturales o los vertimientos de desechos tóxicos en nuestros suelos); o, agréguese, las de carácter masivo que involucran la comisión de genocidios, masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, etc.

Así las cosas, como la consigna actual es incrementar las penas y pisotear las garantías, porque debe dársele paso a la maquinaria electoral –que muy bien vende la idea según la cual la expedición de leyes penales transforma la realidad social– es seguro que si el Congreso aprueba este engendro legislativo (que, de todos modos, contiene algunas cosas rescatables) habrá una abundante cosecha de votos para el licencioso autor del proyecto y, una vez más, quedará claro que también en nuestro medio el delito y el derecho penal se han convertido en poderosas herramientas para gobernar.

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