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Estamos a pocos meses de las votaciones, con miras a seleccionar congresistas y presidente de la República, para un período que, sin duda, será bastante difícil, dado el panorama que hoy tiene a la mayoría de los colombianos en un alto grado de insatisfacción con la gestión estatal en su conjunto; en la desesperanza y en el pesimismo. Basta examinar los titulares diarios de noticieros y periódicos. Además de los consabidos efectos de la pandemia en la sociedad y en la economía, particularmente en perjuicio de los más pobres, en el desempleo, la quiebra, el abandono y la mayor desigualdad social, predominan —y no por casusa del virus— la violencia, la intolerancia, el crimen, la corrupción, el desplazamiento, la creciente inseguridad, la destrucción de bienes públicos y privados —desfigurando legítimas y pacíficas protestas—, y no pocas denuncias sobre excesos y abusos policiales. Cada vez con mayor frecuencia, comportamientos lesivos de la armonía que debería imperar en el interior de hogares y comunidades. La violencia intrafamiliar de diaria y extendida ocurrencia, el feminicidio, el infanticidio, los delitos sexuales contra menores, las masacres, los asesinatos de líderes sociales y ambientales, los desaparecimientos y ahora —como si todo eso fuera poco— crímenes atroces como el matricidio y el fratricidio. Todo lo contrario de lo que se esperaría de una colectividad civilizada y consciente de lo que significan la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales.
Por otra parte, políticas públicas equivocadas y lejanas de la realidad, que no están orientadas a realizar el Estado Social de Derecho previsto en la Constitución, ni a satisfacer las sentidas necesidades de los habitantes, particularmente en regiones tradicionalmente abandonadas por el Estado —hoy dominadas por organizaciones violentas—, con grandes y crecientes carencias en materia de salud, educación, agua potable, fuentes y oportunidades de trabajo.
No son pocos los que se preguntan cuál debería ser el papel del Estado en su conjunto, y en especial el de la Rama Ejecutiva y la administración nacional, regional y local; qué están haciendo para contrarrestar esos males y para recuperar las vías de progreso y desarrollo social y humano, con sentido de justicia y sin discriminaciones. También, la ciudadanía —en tiempo de un supuesto proceso electoral— ve con extrañeza que el futuro político del país es incierto, principalmente porque dicho proceso se desenvuelve en medio de personalismos, rivalidades, ofensas, sindicaciones, noticias falsas y coaliciones inestables cuyo origen no es ideológico y programático, sino coyuntural y estratégico de cortísimo plazo.
A diferencia de lo que significa —en una democracia— la periódica convocatoria al pueblo, para que escoja a sus representantes en la Rama Legislativa y al jefe del Estado y del gobierno nacional, este proceso de 2022 está completamente alejado de las prioridades y de las urgentes necesidades colectivas. No hay controversia de fondo, ni están sobre el tapete los grandes temas en el campo político —que no es el politiquero—, económico, social y ecológico.
La mayoría de los precandidatos y candidatos presidenciales no formulan propuestas, tesis, ni programas. Su único objetivo —pobre y mezquino— consiste, al parecer, en bloquear a un determinado candidato. ¿Corregirán el rumbo?
