viernes
9
9
Póngale cuidado a lo que está de moda: la impunidad vía vencimiento de términos. Sí, yo sé que me estoy metiendo en terrenos difíciles porque no soy jurisconsulto, pero sí un ciudadano del común que siente escozor cada que, aquello que está en manos de la justicia, que podría sentar ejemplo en este país y ayudar a que se corrija por lo menos un poco el caminado, no se resuelve por fallos condenatorios ni absolutorios, sino por argucias jurídicas dignas de marrulleros.
Eso es lo que ha pasado en los últimos días. Dos personajes implicados en algunos de los casos de corrupción más sonados de esta tierra -el desfalco a Saludcoop y el llamado cartel de la toga- quedaron libres gracias al vencimiento de términos en sus procesos. El primer personaje es Carlos Palacino, acusado de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, como consecuencia de la apropiación de cerca de $400.000 millones, plata destinada a la salud de miles de colombianos y que hoy está más perdida que el hijo de Lindbergh. El segundo personaje, Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien por denominación debería ser un prohombre sin señalamientos, está acusado de lindos delitos como concierto para delinquir, tráfico de influencias, uso abusivo de información privilegiada.
Pero no han sido los únicos casos. En el proceso de Reficar se presentaron libertades por vencimiento de términos. Lo mismo en el caso Interbolsa y hasta los tres presuntos terroristas acusados de perpetrar el atentado en el centro comercial Andino se fueron para sus casas por cuenta de esa ventanita garantista que brinda el debido proceso.
Si bien no se trata de una absolución que limpie los nombres de aquellos que coronan su libertad por esta vía y mucho menos una exoneración de responsabilidades, sí deja muy mal parada a la justicia y mucho mal al sistema penal acusatorio, que se instauró en nuestro país para ser la guaracha que llevaría agilidad a la justicia. Pero no, hoy los jueces tienen que dedicarse a no morir de asfixia entre expedientes y casos represados y moverse al vaivén, por un lado, de la incapacidad acusatoria del Estado y, por otro, de las marrullas y argucias de los abogados inescrupulosos, que le tienen el tiro cogido al sistema y saben dilatar hasta que la cosa no aguante más. Hasta gripas y vueltas personales han usado para aplazar audiencias y así llevar las cosas al límite.
240 días. Ese es el tiempo que la justicia tiene para iniciar el juicio de alguien privado de la libertad, tiempo suficiente para que haya una acusación efectiva, evitando maniobras dilatorias que lleven al vencimiento de términos. Ehhh... algo debe haber para evitar que los términos nos venzan y así quitarnos de encima el tufillo de que nuestra justicia está hecha para premiar la impunidad.
