En estos días, por iniciativa del presidente Santos, se aviva una polémica, que en momentos coyunturales de la historia nacional se ha ventilado, con el brumoso argumento de acabar con la corrupción. Me refiero a la financiación estatal, por dos períodos de prueba, de las campañas políticas. Los recientes escándalos han urgido la necesidad de eliminar la financiación del sector privado como una propuesta para resolver la grave crisis de corrupción que afecta el sistema político colombiano.
La pretensión es loable, pero su formulación no pasa de ser un sofisma de distracción. Con los costos que acarrean las campañas políticas, el Estado se desangraría. No tendríamos presupuesto para ninguna inversión social. Es una propuesta inoportuna, más ahora...
