Por Iván Darío Gómez Castaño *
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En Colombia, las instituciones educativas han estado cerradas durante 320 días. Desde el comienzo del confinamiento decretado por la Presidencia el 16 de marzo del año pasado, el sistema educativo del país dejó de prestar cualquier tipo de servicio, tanto educativo como social; lo que al comienzo parecía un episodio transitorio, es hoy una gran incógnita.
Ahora, es difícil medir el impacto que ha tenido la interrupción de los procesos educativos presenciales en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes. En Colombia los centros educativos fungen como entornos protectores donde se visibilizan posibles episodios de vulneración de derechos en los estudiantes, pues el 50 % de las 450 denuncias diarias sobre abuso infantil en entornos familiares y sociales son realizadas por docentes. Para una ciudad como Medellín, donde tan solo en el último fin de semana de toque de queda (16-17 de enero) se presentaron 356 casos de violencia intrafamiliar, es un despropósito no priorizar la apertura de las escuelas y tomar de nuevo la salvaguarda de los derechos de los niños y niñas. Es necesario recordar que durante los primeros cinco meses de la pandemia el reclutamiento forzado de menores se incrementó en un 113 %.
Ante la catástrofe del cierre, diversos esquemas educativos apoyados por el uso de medios y tecnologías digitales fueron desplegados, no obstante, el alcance ha sido limitado. Aproximadamente 63 % de los estudiantes del país no cuenta con conectividad o dispositivos, mientras que el 77 % de los docentes manifestó que uno de los retos más relevantes es la disponibilidad de recursos tecnológicos y conectividad para desarrollar sus clases. Esto ha resultado en procesos educativos no sistemáticos, dando más espacio a la capacidad particular de maestros y agentes educativos de innovar en su práctica educativa, que a una estrategia planeada y deliberada en conjunto.
Para descongelar el sistema educativo paulatinamente y de manera segura es fundamental contar con el apoyo y voluntad de los docentes. Entender que el regreso de los estudiantes al aula de clase es una responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa, a saber, estudiantes, padres de familia y docentes. Los docentes son quienes deben de posibilitar la búsqueda de salidas para que las comunidades puedan retornar a las instituciones educativas; rescatar la escuela como espacio social de todos.
Por otro lado, mientras algunas instituciones educativas privadas han realizado las modificaciones necesarias para garantizar ambientes seguros y han comenzado sus procesos de alternancia, los centros educativos oficiales siguen en vilo. Es necesario que se desarrollen los mejoramientos y adaptaciones de infraestructura que permitan garantizar condiciones de bioseguridad en las aulas, además de los elementos necesarios y fundamentales para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias; ante esto el reto en Antioquia es importante, pues más de 500 sedes educativas en el departamento no cuentan con agua potable (la Alianza por el Agua como iniciativa publico – privada entre las Gobernación de Antioquia y empresas del sector privado local ha comenzado ha realizar las intervenciones para llevar agua potable a estas escuelas e ingresar a los esquemas de alternancia propuestos por el gobierno nacional). Subsanar asuntos de este tipo son oportunidades históricas para poner a punto un sistema educativo que hoy debe levantarse con aprendizajes, reflexiones y propuestas que renueven y refrenden la vigencia de la escuela y la educación en nuestra sociedad
* Director de Educación y Cultura Proantioquia
