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Colombia, después de siete años de esfuerzos, se convirtió oficialmente, en 2020, en el miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), apodado por muchos como “el club de los países ricos”.
Su ingreso tenía como propósito que las instituciones colombianas tuvieran como parámetro de comparación los mejores estándares de las economías avanzadas para diseñar y aplicar las mejores políticas económicas y sociales. Sin duda una gran meta.
Así las cosas, el Gobierno tendría que estudiar a fondo el estudio recientemente publicado “Colombia 2024”. El diagnóstico de la OCDE para nuestro país es claro: alcanzar los indicadores que predominan entre la mayoría de los países miembros de este selecto “club de buenas prácticas” sigue siendo un reto considerable para Colombia.
El informe ilustra cómo, a pesar de que nuestro país experimentó una notable recuperación tras la pandemia, impulsada por un crecimiento del PIB del 10,8% en 2021 y del 7,3% en 2022, este dinamismo ha cedido a una desaceleración, con un crecimiento decepcionante en 2023 y una proyección de apenas 1,8% para 2024. ¿Qué podría hacer Colombia para volver a niveles de crecimiento superiores al 3% o, incluso, acercarse al 5%?
Uno de los principales obstáculos, según la OCDE, es la baja inversión, que ha limitado el potencial de crecimiento del país. La relación inversión/PIB ha disminuido de forma sostenida desde el fin del auge de las materias primas en 2015, alcanzando niveles que dificultan la capacidad de Colombia para aumentar su productividad y mejorar los estándares de vida. La caída de la inversión de casi 25% en 2023 apenas ha tenido una leve recuperación, pero aún no suficiente, en el segundo trimestre de este 2024 con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Un dato que destaca la OCDE es la alta informalidad laboral que afecta al 56% de los trabajadores en Colombia, muy por encima del promedio de los países del “club” y según el estudio se convierte en uno de los factores que más limita porque los inversionistas pierden el entusiasmo con la informalidad.
¿Qué hay que hacer? Una prioridad del Gobierno debería ser incentivar esa formalización del sector productivo. Sin embargo, el gobierno parece contravenir la creación de empleo formal con la reforma laboral que hace trámite en el Congreso como parte de su agenda legislativa.
A los desafíos estructurales que tiene Colombia para dejar de ser el colero en la OCDE se suma la incertidumbre generada por los anuncios erráticos del presidente Gustavo Petro. Desde mediados de 2022, las percepciones de riesgo del país, medidas a través de los Credit Default Swaps (CDS) a 5 años, se han desacoplado respecto al resto de la región. Hoy, estas percepciones están por encima de países como Brasil o México, en contraste con lo que ocurría antes de 2021. Este aumento en el riesgo país dificulta la atracción de grandes capitales internacionales y encarece el financiamiento tanto para el gobierno como para el sector privado, generando un círculo vicioso que impide la recuperación de los niveles de inversión alcanzados hace una década.
Por otro lado, la OCDE también subraya las profundas brechas regionales que persisten en Colombia en términos de productividad y calidad de vida. En la última década, las regiones más ricas han registrado un mayor crecimiento, mientras que las más pobres permanecen rezagadas, ampliando aún más las desigualdades regionales. El trabajador promedio de Bogotá, por ejemplo, es cuatro veces más productivo que el de Nariño, lo que se debe en gran medida a la composición sectorial de las regiones. Mientras que la región Andina y la Costa Caribe concentran la mayoría de los centros urbanos y grandes empresas del país; la costa del Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía están escasamente pobladas y carecen de industrias formales que puedan generar empleos de alta calidad. En su lugar, predomina el sector agrícola, que tiende a tener una menor productividad.
En este sentido, al igual que en otros países de la OCDE, debería promoverse que las regiones periféricas puedan transitar del sector primario hacia el sector secundario y de servicios. Pero eso contrasta con la visión “romántica” del campo que actualmente impulsa el Gobierno Nacional.
De otro lado, en el frente fiscal, a pesar de que Colombia ha implementado 21 reformas tributarias en las últimas dos décadas, los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes para cubrir las crecientes demandas de gasto público e inversión. La OCDE recomienda simplificar el sistema tributario, redistribuyendo la carga para evitar depender exclusivamente de un pequeño grupo de empresas y asalariados de altos ingresos. De igual manera, la eliminación gradual de subsidios mal focalizados, como los aplicados al diésel —que recientemente enfrentaron un retroceso debido a las presiones del paro camionero— contribuiría a reducir las ineficiencias en el gasto público.
Digamos que Colombia tan solo lleva cuatro años a bordo de este “club de buenas prácticas” y todavía está en la curva de aprendizaje. Lo positivo es que, al formar parte de la OCDE, es más fácil tener una mayor conciencia de las áreas críticas para reducir nuestras brechas. Ojalá, si no este, futuros gobiernos logren reorientar las prioridades de las políticas públicas hacia medidas que nos acerquen, cada vez más, a ser merecedores de continuar en “el club”.