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Son tantos y tan graves los problemas que está dejando el primer gobierno de izquierda en el país, que desde ya distintos sectores están planteando propuestas y medidas para que el nuevo presidente las ponga en marcha de manera urgente.
Y es que no hay tiempo que perder. Quien sea elegido como nuevo presidente de Colombia debe tomar las riendas de un país al garete. Así lo consideran seis centros de pensamiento que se unieron para presentar una hoja de ruta con las principales medidas, leyes, resoluciones, decretos y normas que debe poner en marcha el nuevo gobierno desde el día uno. Son ellos ANIF, el Consejo Privado de Competitividad (CPC), Así Vamos en Salud, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe).
Para proponer parten de un análisis sobre el retroceso en sectores como la salud, energía, orden público e inversión, y cómo está ganando fuerza un discurso que divide a la sociedad y acaba los cimientos legales y constitucionales de un país que era ejemplo para América Latina. Esta hoja de ruta busca que Colombia recupere la senda de competitividad, crezca a pasos más acelerados y que sea una nación más inclusiva donde se respete la Constitución y las instituciones. No hace énfasis en los graves problemas fiscales, que merecen un capítulo aparte, sino en sectores donde se sienten las acciones dañinas del gobierno.
Uno de ellos es la salud, con EPS intervenidas por el Estado y mal administradas, aumento en quejas y reclamos, no entrega de medicamentos con casos tan dramáticos como la muerte del niño Kevin Arley Acosta. Para Así Vamos en Salud, la crisis financiera del sector pone en riesgo su sostenibilidad y la prestación del servicio.
Las EPS tienen una pérdida de patrimonio que supera los 15 billones de pesos, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se ha negado a aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y las deudas de clínicas y hospitales crecen sin freno. Por eso se requiere suministrar de manera urgente mayor liquidez al sistema, actualizar la UPC, fortalecer el modelo de aseguramiento y el sistema mixto público-privado.
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) hizo énfasis en la inseguridad generalizada de los últimos años, con municipios acorralados por las organizaciones criminales. Propone modernizar la Policía Nacional, actualizar la política antinarcóticos e incrementar las capacidades de la fuerza pública en los territorios, mediante la incorporación de personal retirado, la creación de fuerzas de respuesta rápida y un impuesto temporal a la seguridad.
Otro de los temas críticos que dejará este gobierno es el energético. El CREE dice que el 2026 marcará un punto de quiebre en el sistema, porque luego de décadas de avance que permitieron mejorar la confiabilidad y cobertura del servicio y fomentar la inversión privada, hoy afrontamos estrechez en la entrega de energía en firme debido a que los nuevos proyectos están frenados, no hay avances en los renovables no convencionales – como los eólicos – y están declinando de manera acelerada las reservas de gas.
El gremio propone impulsar la producción de petróleo, gas y carbón, hacer una transición energética ordenada, universalizar el acceso a la energía para 1,3 millones de hogares que siguen sin el servicio y eliminar los cuellos de botella en el desarrollo de proyectos. Además, se debe integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (GREG) con comisionados expertos, derogar las medidas que fijan precios en el sector, pagar lo que adeudan a las empresas, que superan los 6 billones de pesos (de los cuales más de 2 billones son de Air-e, intervenida por el gobierno), y subir el precio del diésel, cuyo costo fiscal es de $8 billones, lo mismo que se recogerá con la emergencia económica.
Otra de las grandes cargas para el nuevo gobierno será disminuir el tamaño del Estado, hacerlo más eficiente y eliminar tanta tramitología. En ese sentido, el Consejo Privado de Competitividad propone rediseñar el ICA y el Invima, reformar el estatuto aduanero, eliminar los trámites duplicados y depurar más de 900 normas vigentes, modernizar el régimen de zonas francas y poner en marcha reformas que aceleren la productividad y atraigan la inversión.
Anif, por su parte, plantea eliminar gradualmente el impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras, profundizar la inclusión financiera para que más colombianos tengan acceso al crédito, impulsar los pagos digitales, reformar el mercado de capitales e integrar las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú, mientras que la Fundación para el Estado de Derecho insiste en garantizar mayor seguridad jurídica y fortalecer las instituciones.
Son múltiples los desafíos que el nuevo gobierno debe enfrentar, después de cuatro años en los que Colombia quedó a la deriva. Para rescatar al país lo más importante es que los colombianos voten bien y no se dejen llevar por los cantos de sirena de los que prometen más de lo mismo.