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Al elevar las tasas al 12%, el Banco de la República prioriza el control técnico de la inflación, ratificando su independencia frente a las presiones políticas.
Después de una pausa de dos meses en la que el Banco de la República dejó quietas las tasas de interés en 11,25%, y a la espera de los resultados electorales, durante su reunión de finales de junio las subió al 12%, decisión que, como era de esperarse, causó molestia en el Gobierno.
Con el aumento en el costo del crédito, la autoridad monetaria demostró que no se ha relajado en las políticas para controlar la inflación, su principal objetivo. Si no subió antes las tasas como esperaba el mercado, era para evitar más ruidos a pocas semanas de celebrarse las elecciones presidenciales. Fue una decisión acertada porque el presidente Gustavo Petro le estaba echando mano a cuanto tema se le atravesara en el camino para atacar a sus opositores y buscarle apoyo a su candidato Iván Cepeda.
Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella, el Banco de la República volvió por sus fueros y de manera mayoritaria decidió aumentar en 75 puntos básicos las tasas de interés. Cuatro de los siete integrantes de su junta directiva, que son independientes y responden más a los argumentos técnicos, votaron a favor de este incremento, mientras que dos propusieron una reducción de 50 puntos básicos y otro propuso mantenerlas estables.
Hay que señalar que de los siete integrantes de la junta uno es el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien cuestionó la decisión por considerarla inconveniente para el crecimiento de la economía y la generación de empleo. La economía creció en el primer trimestre del año 2,2%, mientras que el desempleo llegó a 8%, uno de sus niveles más bajos.
Aunque el Gobierno le echa toda la culpa al emisor por el bajo crecimiento económico, no reconoce su responsabilidad. Petro ha atacado de manera permanente al sector productivo calificando de oligarcas y esclavistas a los empresarios, ha subido los impuestos mediante reformas tributarias o emergencias económicas, ha cambiado las reglas de juego y ha desincentivado la inversión en sectores como el minero energético.
El Banco de la República, siguiendo con su mandato, ha tomado decisiones para controlar la inflación, que llegó al 5,84%, casi el doble de la meta del 3%. En 2027 se cumplirán siete años consecutivos sin lograr el cumplimiento de la meta. Cabe recordar que tras la pandemia se registró la inflación más baja en la historia del país, con 1,61% en el año 2020, pero de ahí en adelante comenzó a subir de manera sostenida. Para este año se espera que esté alrededor del 6,5% o 7% y para el entrante que ronde el 4%.
Aunque el Gobierno lo niegue, lo cierto es que el alza del 23,7% en el salario mínimo ha tenido impacto en la inflación porque muchos sectores intensivos en personal trasladan a los consumidores los mayores costos de las nóminas. Un ejemplo es lo que pasa en el sector de restaurantes y hoteles, que ha registrado una variación de precios del 7,41% en los últimos doce meses.
Al impacto del salario mínimo se suman el aumento de los precios de los combustibles y los fertilizantes por el conflicto en el Medio Oriente. Pero hay otro factor que preocupa mucho a la autoridad monetaria y es el relacionado con el fenómeno de El Niño. Si es muy severo, como pronostican los expertos, se prevén racionamientos de energía, aumento en las tarifas de los servicios públicos y en el precio de los alimentos. De ahí que el Emisor apriete la rienda para evitar que los precios suban de manera excesiva.
Con la elección del nuevo gobierno se espera mayor coordinación en la política monetaria teniendo en cuenta que De la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo han manifestado que respetarán la independencia de la entidad. En igual sentido se pronunció el designado ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez con el que se prevé una relación más armónica que la que se tuvo con Germán Ávila, quien incluso amenazó con no volver a asistir a las reuniones de la junta por no estar de acuerdo con sus decisiones.
Con Petro la relación de la junta directiva fue tirante. Cada presidente puede designar dos codirectores, pero Petro designó tres: Laura Moisá, Cesar Giraldo y Olga Lucía Acosta, quien reemplazó a Alberto Carrasquilla, cuya designación fue anulada por el Consejo de Estado.
Con Acosta, nombrada por recomendación del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el mandatario tuvo diferencias porque no siguió sus lineamientos. Petro llegó a decir que era del EPL y más marxista que él, pero que después se volvió fascista, a lo que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, le pidió respeto con las mujeres de la junta y desmintió que Acosta haya sido guerrillera.
Con el nuevo gobierno se esperan nuevos aires y relaciones más cordiales con todas las instituciones. Y el Banco de la República no será la excepción.