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El contraste es brutal: mientras el capitán –el último de los sobrevivientes del helicóptero atacado en Amalfi– agonizaba, los delegados del Gobierno se alistaban para reunirse a “dialogar de paz” con alias Calarcá, presunto jefe de los criminales que activaron los explosivos cuando el Black Hawk aterrizó.
La tragedia se agravó por la lenta reacción del rescate. El ataque ocurrió al mediodía; el refuerzo intentó entrar diez horas después, pero el mal clima lo impidió. Solo al día siguiente llegó el socorro. Ya no eran seis los muertos, sino trece. Uno a uno fueron muriendo mientras esperaban en el frío de la montaña.
Surgen preguntas inevitables ¿Por qué mandan un grupo de erradicadores a la buena de dios sin asegurar el perímetro? ¿Por qué no hay un plan de rescate previamente diseñado en caso de ser atacados? No cabe duda de que los responsables del rescate quisieron hacer lo mejor posible para salvar a sus compañeros, pero algo falló en la preparación y en la capacidad de respuesta. Y no es descabellado pensar que la decisión de Gustavo Petro de apartar a los cuadros más experimentados, esté pasando cuenta de cobro por la capacidad adquirida que perdió el país en las purgas de oficiales con décadas de entrenamiento.
La indignación creció cuando, un día después, altos funcionarios del Gobierno se reunieron en los Llanos del Yarí con los mismos jefes de las disidencias que serían responsables de la masacre. Mientras el país velaba a trece policías, la mesa oficial seguía abierta con sus verdugos.
¿El presidente Gustavo Petro no asiste al sepelio de los policías, pero en cambio su Gobierno si va a reunirse con los violentos? Algunos alegarán que para negociar la paz hay que ir a hablar con los malos. Sin embargo, no hay precedente de que un Gobierno hiciera caso omiso de un crimen de esta magnitud e inmediatamente después mantuviera como si no hubiera pasado nada el diálogo. La desconexión con el dolor del país es total.
¿Cómo se puede sostener un proceso de paz cuando la contraparte parece tener como único horizonte el crecimiento del terror? El comisionado Otty Patiño explicó en BluRadio que el problema es que el frente 36, presunto autor del ataque, ahora no está bajo las órdenes de Calarcá. “Poco a poco, en la medida que avanza la paz, hay una implosión de estos grupos”, dijo.
Es decir, otra mala noticia. A la confusión, entonces, se suma la atomización de los grupos armados ilegales. Tomemos como ejemplo a Calarcá, hace 10 años estaba en las Farc, firmó la paz, luego armó rancho aparte (“disidencias”), estas se partieron en Nueva Marquetalia (de Iván Márquez), y Estado Mayor Central (de Iván Mordisco). Pero Calarcá también rompió cobijas con Mordisco y creó el Estado Mayor de Bloques y Frentes. Y ahora el comisionado Patiño dice que ‘Calarcá’, solo es jefe del ‘Jorge Briceño’, y ya no tendría mando sobre el frente 36 autor del atentado a los policías. Apenas entonces el país se entera.
‘Calarcá’, cabe recordar, fue capturado en julio del año pasado, mientras se desplazaba en camionetas de la UNP, con dinero en efectivo y armas, por vías de Antioquia. Y fue liberado unos días después con el argumento de que era un “gestor de paz”.
¿Con quién negocia entonces el Gobierno? ¿Qué legitimidad tienen esas conversaciones si no hay mando unificado? Cuando un proceso de paz, en lugar de reducir la violencia, parece alimentarla, la “paz total” se transforma en una “guerra total”.
Sin duda, la imagen de una mujer policía secándose las lágrimas en el sepelio de sus compañeros, en una ceremonia en la que no estuvo el presidente Petro, mientras su gobierno atendía a los jefes de esas disidencias, es un retrato doloroso de la desconexión entre el Estado y el sentimiento ciudadano.
¿Qué señal reciben los colombianos, especialmente los uniformados que arriesgan su vida en los territorios, cuando el Estado premia a quienes los atacan y se ausenta del lado de quienes los defienden?