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La estrecha relación entre América Latina y los Estados Unidos se remonta al nacimiento como repúblicas independientes: en 1823, el presidente gringo de aquel entonces proclamó la famosa Doctrina Monroe, un principio que con el paso de las décadas se decantó en la expresión del “patio trasero” de Estados Unidos, y que no era otra cosa que lanzar una advertencia a las potencias europeas en el sentido de que cualquier intervención en el continente americano sería considerada como un acto hostil hacia el Tío Sam. Esta postura cimentó una política exterior que, durante más de un siglo, le ha permitido a Washington influir en los destinos políticos y económicos de América Latina, interviniendo directa o indirectamente en los asuntos internos de la región. Bajo la premisa de garantizar su seguridad y estabilidad hemisférica, Estados Unidos justificó en su momento ocasionales intervenciones militares, instauró profundos lazos comerciales con todo el sur del continente y promovió la llegada de gobiernos y políticas públicas alineados con sus intereses.
Uno de los símbolos más icónicos de esta época de hegemonía estadounidense fue la construcción del Canal de Panamá, inaugurado en 1914. No solo consolidó el control de Estados Unidos sobre una ruta estratégica para el comercio global, sino que también reforzó su presencia militar y política en el hemisferio, incluso si eso implicaba pasar por encima de la soberanía de alguno de sus vecinos: un país conocido como Colombia.
Hoy, sin embargo, el otrora “patio trasero” parece estar desafiando esa hegemonía de Estados Unidos con la presencia de la República Popular China. La reciente visita de Xi Jinping a América del Sur, incluyendo su parada en Perú para inaugurar el puerto de Chancay es un punto de inflexión. Este megaproyecto, ubicado a unos 80 kilómetros de Lima, es el primer puerto de aguas profundas de la costa del Pacífico sudamericano. Con una inversión de 3.500 millones de dólares, financiada mayoritariamente por el gigante estatal chino Cosco, promete reducir los tiempos de transporte marítimo entre Suramérica y el este de Asia, creando una infraestructura preparada para lidiar con barcos que hoy no pueden atracar en otros puertos de la región debido a su gran tamaño, conectando así de manera más eficiente a mercados como Brasil y Perú con China.
Lejos de ser un hecho aislado, la construcción del puerto de Chancay se erige como un símbolo de una América Latina cada vez más conectada política y económicamente con China, en un proceso que ha mermado de manera significativa la influencia histórica de Estados Unidos en la región.
En el año 2000, Estados Unidos era el principal socio comercial de prácticamente todos los países de América Latina. Hoy, apenas dos décadas después, China ha ocupado ese lugar en la mayoría de la región, salvo en casos puntuales como México y Colombia. Países como Brasil, Perú, Chile, Argentina e incluso Panamá, ahora encuentran en Beijing, y no en Washington, a su principal aliado comercial: China es el principal comprador de hierro y soya brasilera, de litio argentino, de cobre chileno y de petróleo venezolano. Así las cosas, no resulta sorprendente que China haya decidido priorizar miles de millones de dólares en inversiones de infraestructura para estrechar lazos y afianzar su influencia sobre cadenas de suministro clave en América Latina. No se trata únicamente de megaproyectos como el puerto de Chancay en Perú, sino también de represas hidroeléctricas en Ecuador, carreteras en Bolivia y líneas de metro en México y, más cerca, en Bogotá. La combinación de financiamiento rápido y la ausencia de las condiciones estrictas típicamente impuestas por instituciones alineadas con Estados Unidos, como el BID, el Banco Mundial y el FMI, ha llevado a que numerosos gobiernos latinoamericanos prefieran asociarse con entidades estatales y compañías chinas.
Y mientras Beijing, en la última década, ha fortalecido lazos tangibles con América Latina a través de proyectos de infraestructura masivos, Washington ha mostrado una evidente apatía. La política exterior de Biden ha priorizado la región de Asia-Pacífico, con un enfoque en contener la influencia china en el Indo-Pacífico, relegando a América Latina a un segundo plano en la agenda.
La pregunta que surge ahora es si este panorama cambiará con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca. El reciente nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, junto con el notable apoyo electoral que Trump obtuvo entre los votantes latinos, podría indicar un giro en la política exterior estadounidense hacia América Latina. Rubio, de origen cubano y con un historial destacado en asuntos regionales, ha sido un firme crítico de la expansión china en el hemisferio y de los regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua, ambos estrechos aliados de Beijing.
¿Volverá Estados Unidos a priorizar sus intereses en América Latina durante los próximos cuatro años? ¿Competirá con China en la inversión de proyectos de infraestructura en la región? ¿Se involucrará de manera más directa en Venezuela tras el robo de las elecciones por parte del régimen de Maduro?
El nuevo capítulo en la relación de Estados Unidos con su otrora “patio trasero” podría estar apenas comenzando a escribirse...