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En 2024, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu y James Robinson, cuyo trabajo ha mostrado con rigor empírico una tesis fundamental para los países que desean crecer: la prosperidad de las naciones no depende tanto de sus recursos naturales o su geografía como de la calidad de sus instituciones.
En obras como la célebre Por qué fracasan los países, los autores sostienen que las instituciones inclusivas —las que aseguran reglas claras, derechos de propiedad protegidos y un marco jurídico estable— son las que facilitan la inversión, la innovación y el crecimiento sostenido. Por el contrario, cuando las reglas del juego cambian de forma arbitraria o impredecible, la incertidumbre ahuyenta el capital, frena el emprendimiento y condena a las sociedades al estancamiento.
Colombia, precisamente, enfrenta hoy un momento crítico en este frente.
Las cifras confirman la advertencia de Acemoglu y Robinson. Esta semana, el DANE reveló que la economía colombiana creció apenas 2,6% en 2025, por debajo de las expectativas del mercado y lejos del ritmo que necesita un país con las brechas sociales de Colombia. Si se suman los crecimientos de 0,6% en 2023 y 1,5% en 2024, el balance es desalentador: en tres años y medio de gobierno Petro, la economía ha acumulado un crecimiento de apenas 5%, según un análisis realizado por Marc Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, el peor registro de cualquier presidente en lo corrido del siglo, e incluso inferior al de Iván Duque, que enfrentó una pandemia. Para ponerlo en perspectiva, en el mismo punto de sus mandatos, Santos I acumulaba un crecimiento superior al 20% y Uribe II rondaba el 15%.
Pero hay una cifra aún más alarmante que el crecimiento mediocre: el desplome de la inversión. La tasa de inversión como porcentaje del PIB se ubicó, por tercer año consecutivo, en torno al 16%, el nivel más bajo en medio siglo según un análisis de Corficolombiana. Para dimensionar el retroceso: en 2015 esa tasa alcanzaba el 23% y en 2007 llegó a 24%. Sin inversión privada no hay fábricas nuevas, no hay infraestructura, no hay empleos productivos de largo plazo. Lo que queda es un crecimiento impulsado artificialmente por el gasto público —la administración pública fue uno de los principales motores del PIB en 2025— que a su vez exige mayor pago de impuestos. Un modelo que no solo es fiscalmente insostenible, sino que produce un crecimiento de baja calidad: temporal, dependiente del Estado y sin capacidad de sostenerse en el tiempo.
Y a la hora de buscar las razones detrás de la caída de la inversión, probablemente hay que volver a las lecciones de Acemoglu y Robinson, que el gobierno de Petro se ha encargado de contrariar cada vez que puede: lejos de promover instituciones y marcos jurídicos estables, este gobierno ha generado un ambiente de caos e inestabilidad normativa que está ahuyentando la inversión y frenando el crecimiento. Basta con revisar apenas un par de retos que han tenido que enfrentar los empresarios colombianos en lo que va de 2026.
El primero: la declaración de emergencia económica anunciada por el presidente Petro, una abierta muestra de desprecio por los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder presidencial. El argumento de que la negativa del Congreso a aprobar nuevos impuestos justificaba un decreto de emergencia constituye una negación gravísima del orden democrático que eligió al propio presidente. Un decreto que pretendía, entre otras cosas, dejar a Colombia con una de las tarifas de renta empresarial y de impuesto al patrimonio más altas del mundo. La Corte Constitucional supo actuar a tiempo frente a ese exabrupto.
Pero peor aún, ahora se está ambientando otra emergencia económica que, según ha señalado el ministro Germán Ávila, implementaría un tributo totalmente antitécnico e inédito en el mundo: un impuesto al patrimonio de las empresas. ¿Cómo no pensar que este ambiente de improvisación tributaria es parte de lo que ahuyenta la inversión?
A la lista se suma el incremento del salario mínimo. Además de un aumento del 23,7% —un alza inédita que representó un 50% de la petición de los sindicatos y 18 puntos porcentuales más que la inflación, en pleno año electoral—, ahora, por no haber sido claramente justificada, el Consejo de Estado —que por fortuna ha obrado en defensa del cumplimiento de la ley— ha sumado una capa de incertidumbre: los empresarios, además de absorber un aumento enorme en los costos de nómina, no pueden siquiera estar seguros de en cuánto quedará finalmente el incremento del mínimo.
Y la lista podría seguir. No es sino recordar medidas populistas como la congelación de las tarifas de los peajes, los reiterados amagues de meter la mano en las vigencias futuras, las intervenciones arbitrarias a EPS y cajas de compensación sumadas a una asfixia financiera que tiene destrozado el sistema de salud, o los constantes intentos por romper el marco jurídico del sector eléctrico.
Lo que ha sido una constante en este gobierno es la inestabilidad jurídica para las empresas, y los números de la economía lo están mostrando. El próximo presidente tendrá por delante un reto enorme: recuperar la confianza.