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Queda prohibido el uso de licencias emitidas por otros estados del país para conducir en Florida con lo cual no podrán operar vehículos en este estado. Tampoco se permitirá que condados y municipios destinen fondos para emitir documentos de identidad o de otro tipo para los extranjeros indocumentados. De esta forma se crea un cerco alrededor de quien no tiene papeles.
El pasado sábado entró en vigor una ley firmada por Ron De Santis, gobernador del estado de La Florida, que les pone a cuadritos la vida a los inmigrantes sin papeles en esa región de Estados Unidos. La ley establece duras penas no solamente para quienes les den trabajo, sino incluso para quienes hagan algo tan elemental como transportarlos en sus vehículos. El ambiente está tan tenso, que muchos han decidido irse a vivir a otros estados, y quienes se quedan, tienen miedo de salir a la calle. Las consecuencias en la economía ya han empezado a sentirse.
El tema cobra importancia en Colombia teniendo en cuenta que allí, a la Florida, llegan 1 de cada 3 colombianos que quieren aventurarse al sueño americano. En lo que va de este año, las patrullas estadounidenses han retenido a 92.000 connacionales que emigraron a ese país sin la documentación requerida.
El gobernador Ron DeSantis ha decidido ponerle freno a todo el tema de la inmigración ilegal y de pasada demostrarle al país por qué él sería el candidato ideal para representar al partido republicano en las próximas elecciones presidenciales. Está convencido que si tiene éxito con su agenda en la Florida lo tendrá también con su agenda presidencial.
Son tan fuertes las medidas de la ley SB 1718, que muchos consideran que esta ley no es ni la más estricta ni la más dura, pero sí la más cruel de las que se han expedido en todo el territorio estadounidense.
Para empezar, todas las compañías con más de 25 trabajadores tendrán que confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados a través del sistema llamado E-Verify que permite constatar la empleabilidad de un inmigrante desde el punto de vista legal. Sanciones a los empleadores por no cumplir con este requisito básico incluyen la no revocación de su licencia y la imposición de otras penalidades.
La nueva normativa castiga con un delito de tercer grado, sancionado con hasta cinco años de cárcel, a quienes transporten a estos inmigrantes sin papeles hasta Florida (desde fuera del estado o del país). Y también con multas de hasta $5.000 dólares por persona trasladada. Y quienes decidan desafiar esta orden y reincidan en el traslado o transporten a menores serán responsables de un delito de segundo grado, lo que puede implicar hasta 15 años de cárcel y una multa de hasta $10.000 dólares por persona.
Y por último, se convierte a los hospitales en una especie de delatores, pues se les exige que si atienden pacientes amparados por el Medicaid, el equivalente al Sisbén, deben incluir en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país, y deben además enviar un informe trimestral a las autoridades.
De Santis intenta también acabar con la base del sistema inmigratorio de Estados Unidos que es la reunificación de las familias, lo que allá llaman Chain Migration o inmigración en cadena. Lo normal es que un inmigrante que llega, apenas se establece manda traer a los miembros de su familia inmediata. También pretende acabar los llamados anchor babies o bebés ancla, que son niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados que al recibir la nacionalidad estadounidense impiden la deportación de sus padres.
Aquí es donde el refranero popular, siempre un ejercicio de sabiduría, entra en acción con aquello de que “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo”. Resulta que el tatarabuelo del señor DeSantis fue un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos a principios del siglo XIX, que consiguió que su esposa embarazada y más adelante sus padres pudieran acompañarlo. Todos huían de la Primera Guerra Mundial. Qué diferencia su historia familiar de la de tantos inmigrantes que ahora pasan por situaciones semejantes puede ser sus ansias de llegar a la Casa Blanca. Tal vez De Santis considera que la única forma de acabar con Donald Trump, su directo contrincante, es enviando un mensaje de extrema derecha fuerte.
Lo que no se sabe es si De Santis ha medido las consecuencias que pueden tener estas medidas en las finanzas públicas de la Florida. Otros estados como Arizona y Alabama, que hace años tomaron algunas de estas medidas, han sufrido un retraso en su desarrollo durante varios años.
Los indocumentados en la Florida son esenciales para los tres sectores que mueven la economía: la agricultura, la construcción y el turismo. Ellos se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren hacer, al menos por los sueldos que los empleadores están ofreciendo. Y ya empieza a sentirse la presión en el mercado laboral, en el campo y en las obras, por la falta de mano de obra. A lo que hay que sumar que hay un retraso de 10 meses en la autorización de permisos de trabajo.
La Florida se convierte así en territorio especialmente hostil para los indocumentados. Vamos a ver hasta cuándo.