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Se prenden las alarmas por los huecos fiscales de los subsidios adoptados por el Gobierno y el anuncio del relajamiento de la regla fiscal.
En su intervención en la Plaza de Bolívar, durante las marchas del 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro anunció una reforma a los servicios públicos para aplicar en todo el país el mínimo vital en agua potable y energía eléctrica, es decir que los habitantes de menores recursos tengan acceso gratuito a un servicio mínimo con el que puedan cubrir sus necesidades básicas.
Al anuncio se sumaron las declaraciones del director del Departamento de Planeación, Jorge Iván González, quien dio a entender que se tendría que revisar la regla fiscal con el objetivo de financiar la transición energética.
La regla fiscal, establecida en 2011, implica un compromiso de los gobiernos para evitar un excesivo endeudamiento y gasto público. Es la herramienta más importante con la que cuenta el país para que el Gobierno actúe de manera responsable en materia fiscal.
Tratar de incumplirla es una muy mala señal para los mercados porque da a entender que no habrá una política responsable ni freno en los gastos, lo que trae impactos en la credibilidad y estabilidad macroeconómica, y encarecimiento de la deuda externa.
Aunque González trató de matizar diciendo que lo que busca es traer al debate público cómo se va a financiar la transición energética, dejó un mal sabor sobre el verdadero compromiso del Gobierno para evitar un desborde de gastos. Más si se tiene en cuenta que en 2024 contará con el mayor presupuesto aprobado en su historia, por 502,6 billones de pesos, y que el presidente sigue anunciando subsidios a diestra y siniestra.
En el tema de los servicios públicos hay que aclarar que ya hoy, y desde hace décadas, los hogares de menores ingresos cuentan con subsidios que pagan los estratos 4, 5 y 6, y que si hay ayudas adicionales, para llevar la tarifa a cero, se debe tener claro de dónde saldrán los recursos.
A este anuncio se suman otras decisiones que no tienen suficiente respaldo técnico y pueden dejar descuadres en las finanzas públicas. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reconoció públicamente el gigantesco hueco en el sector, que superaría los 850.000 millones de pesos, producto del descuento del 50% en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) aprobado por el Gobierno a comienzos del año para motos de bajo cilindraje, buses, taxis y motocarros.
En su momento esta decisión causó gran polémica porque no se sabía cómo se iba a financiar el faltante ni si se controlaría la evasión, y efectivamente ha pasado lo uno y lo otro: no hay con que llenar el hueco y más de la mitad de los 18 millones de vehículos, incluyendo motos, siguen sin pagar el Soat.
Otra medida populista es la compensación de hasta 100.000 pesos mensuales para los taxistas que tengan sus datos actualizados en el Runt. Sin que se haya hecho efectiva, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que la compensación irá solo por tres meses y que a partir del primero de enero del año entrante las autoridades locales tendrán que hacer una revisión de las tarifas del servicio.
A ello se suma el anunciado millón de pesos mensuales a más de 100.000 jóvenes para que no delincan, que podría costar más de 1,2 billones de pesos. Un subsidio con el que se ha hecho propaganda, pero no se ha aplicado.
Otra decisión arbitraria fue congelar el incremento de los peajes que tendría un costo superior al billón de pesos y frenaría las inversiones en infraestructura, un sector fundamental para mejorar la movilidad y competitividad del país. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ha advertido que esta decisión es un cambio en las reglas de juego para los concesionarios que al final terminaremos pagando todos los colombianos a través de mayores impuestos.
Y faltan los costos de la reforma a la salud, que según un documento del Ministerio de Hacienda que circuló hace unos meses, superaría los 100 billones de pesos en 10 años.
Por no hablar de los grandes cráteres que se le abrirán al fisco por el sector de hidrocarburos si el Gobierno sigue en su empeño de frenar los nuevos contratos de exploración. Ya estamos viendo los resultados, con una caída de más del 40% en las exportaciones del sector.
El Gobierno sigue anunciando subsidios y beneficios para determinados sectores sin respaldo técnico ni garantía sobre cómo los va a financiar. No podemos seguir los ejemplos de Venezuela y Argentina, que han destrozado su salud macroeconómica con efectos sobre la vida diaria de la gente a la que dicen proteger.
El populismo cuesta y lo terminamos pagando todos.