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La capital de Bolivia lleva más de una semana convertida en un campo de batalla. Bloqueos con dinamita aíslan a La Paz, los bancos cierran sucursales por miedo, escasean alimentos, combustible y medicinas, y ya se reportan muertos y decenas de heridos. Los manifestantes —sindicatos, transportadores, campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales— exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien apenas lleva seis meses en el poder.
Lo que vive Paz no es una anomalía boliviana, sino el síntoma de algo más amplio. Su elección a finales del año pasado, que enterró casi veinte años de gobierno del Movimiento al Socialismo, fue una pieza más del giro a la derecha que recorre el continente. De Chile a Ecuador, de Argentina a la propia Bolivia, votantes hartos del crimen, la inflación y el estancamiento han premiado a candidatos que prometen orden, mercado y ruptura con la izquierda. Paz heredó una economía al borde del colapso —reservas casi agotadas, déficit fiscal cercano al 10% del PIB, inflación superior al 20%— y se atrevió a desmontar un subsidio a los combustibles que costaba millones diarios. El FMI proyecta una contracción de más del 3% este año: el ajuste por dos décadas de desorden fiscal apenas empieza, y gobernar en medio de ese proceso es un reto enorme.
En ese contexto, conviene anotar lo que hizo el presidente Gustavo Petro: tomó partido por el caos, calificó a Paz de “títere” de Washington y habló de una “insurrección popular”, lo que terminó en la expulsión mutua de embajadores. Que el mandatario colombiano se alinee con un movimiento liderado por los allegados de Morales —prófugo de la justicia por un proceso de abuso a una menor de edad— dice mucho de las compañías que prioriza, y anticipa el tipo de oposición que ejercerá cuando deje el poder.
Paz no está solo en sus dificultades. A José Antonio Kast, en Chile, le ha pasado algo similar, aunque sin un ambiente tan tenso en las calles. El recién electo presidente llegó con la promesa de devolver el orden y la seguridad al país, y con una mayoría parlamentaria al alcance. Pero a poco más de dos meses de mandato su credibilidad hace aguas justo en sus principales banderas. El 64% de los chilenos cree que su gobierno no tiene un plan concreto en seguridad, su ministra del área salió en un cambio de gabinete tan temprano que ningún presidente lo había hecho desde 1990, y una de sus promesas estrella —expulsar a 330.000 migrantes irregulares “desde el primer día”— fue rebajada por él mismo a una “metáfora”. Kast apostó por un gabinete de técnicos sobre políticos, y la falta de oficio se le está cobrando caro.
En Argentina, el caso de Javier Milei muestra que ni siquiera un buen arranque blinda contra el desgaste. El libertario logró lo que parecía imposible: bajar la inflación mensual de dos dígitos a cerca del 1,5%, ordenar las cuentas y ganar las legislativas de octubre. Pero su camino se ha ido complicando. La actividad económica se enfrió, el desempleo y los salarios bajos volvieron a encabezar las preocupaciones de los argentinos, y varios escándalos en su círculo cercano han erosionado su imagen, hoy en mínimos desde el inicio de su mandato. Las reformas estructurales que necesita Argentina tardan más que un período presidencial, y la paciencia ciudadana se agota.
Ecuador completa el cuadro: Daniel Noboa tuvo que reorganizar su gabinete tras una huelga indígena de 31 días contra el alza del diésel y un referendo en el que los ecuatorianos le rechazaron sus propuestas, recordando que ni siquiera la mano dura contra el crimen blinda a un gobierno de los reveses en las calles y las urnas.
El hilo que une a Paz, Kast, Milei y Noboa es claro. Todos ganaron prometiendo orden y eficiencia. Todos chocaron con lo mismo: cuentas fiscales estrechas, crimen difícil de doblegar, sindicatos militantes, congresos fragmentados y expectativas de resultados inmediatos. Y todos enfrentan una oposición de izquierda que sale a la calle desde el primer día. El péndulo electoral se mueve más rápido que la capacidad del Estado. El giro a la derecha existe. Lo que aún no existe es la prueba de que esa derecha pueda convertir el enojo ciudadano en gobiernos eficaces.
Colombia debe mirar este espejo. Sobre todo para estar preparados. Si en 2026 gana un candidato de oposición, heredará un país con pasivos enormes en lo fiscal, en salud y en seguridad. Pero además tendrá enfrente, desde el día uno, a un petrismo que ya mostró, con Bolivia, su disposición a azuzar la protesta desde afuera del poder. Ganar la elección será apenas el comienzo. Gobernar bien, en medio de ese ruido, será la verdadera prueba. La comprensión y el apoyo de los ciudadanos será fundamental.