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La jornada de ayer en el Congreso fue una de las más desafiantes para la democracia colombiana en los últimos tiempos. El Senado hundió la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular que, más que una expresión de participación ciudadana, parecía ser una plataforma de agitación electoral para su proyecto político personal y el de su partido.
Las reacciones del gobierno Petro después del debate dejaron completamente claro que para ellos la consulta popular era la columna vertebral de la campaña a las elecciones de marzo de 2026. Sobre ella pensaban cabalgar, con propaganda y recursos del Estado.
No de otra manera se explica por qué al Presidente, y a sus ministros de Interior y Trabajo, cuando se cerró la votación en el Senado se les vio terriblemente ofendidos, como si hubieran recibido una de las peores palizas de sus vidas. Tanto que Benedetti, según quedó grabado, intentó lanzarse contra el secretario del Congreso.
Si de verdad el Gobierno estuviera preocupado por el contenido de la reforma laboral tendría que haber expresado, más bien, alegría porque, al mismo tiempo que se hundió la consulta, el proyecto de ley volvió a resucitar para su trámite en el Congreso. Pero no se les notó satisfacción alguna. Se mostraron por el contrario furiosos y en una actitud de derrota. Gritaron “fraude” e invitaron a una suerte de levantamiento popular para que les devuelvan “la consulta”.
El país debe rechazar los ataques del Ejecutivo contra el Congreso. Es una intimidación que no puede aceptarse. Los petristas han expuesto dos pruebas para demostrar el supuesto “fraude” pero ninguna de ellas parece válida. Según la primera, se habrían contado mal los votos y le habrían cambiado al senador Edgar Díaz su voto de “sí” por un “no”. Pero inmediatamente el senador les tumbó esa prueba publicando un mensaje en su cuenta de X en el que escribió: “Mi voto público y por decisión de bancada siempre fue NO”.
En segundo lugar, el ministro de Trabajo alega fraude porque la votación tenía que mantenerse 30 minutos abierta, según él, y que el presidente del Senado la habría cerrado antes. Falso. La ley 5a de 1992, que le da las reglas al Congreso, lo que dice es que la votación no puede durar más de 30 minutos y que es el presidente del Senado quien decide cuánto dura, tal y como ocurrió ayer. Dice el artículo 130: “Será el presidente de la Corporación o Comisión quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de su resultado sin exceder los treinta minutos por votación”.
Mientras el Gobierno no presente pruebas válidas del supuesto fraude asumimos que la votación fue legítima. La buena noticia es que el Congreso no es un apéndice del Gobierno ni se deja comprar con puestos y que en Colombia aún prevalece la división de poderes como principio rector del orden democrático.
Petro y sus ministros deben comprender que en la democracia también se pierde. Por eso resulta casi infantil, un gesto de mal perdedor, que ante la derrota política el presidente Petro recurra nuevamente a lo que ha tratado de convertir en “amenaza”, las calles, convocando a la movilización ciudadana como una forma de presión.
Esa lógica binaria, de blanco y negro, —“o me aprueban lo que propongo, o el pueblo se levanta”— debería ser desterrada del juego democrático. Da cierta lástima también ver a figuras políticas importantes decir, casi con temor a dicha amenaza, que el Congreso debe aprobar rápido la reforma laboral.
Es tan absurda esa lógica que sería como si cuando el entonces presidente Álvaro Uribe tenía una popularidad cercana al 80%, se hubiera exigido aprobar su reelección inmediata sin mayor debate. La popularidad no sustituye el procedimiento democrático ni tampoco “las calles”.
Colombia necesita discutir con seriedad qué tipo de reforma laboral requiere el país.
¿Acaso en el Congreso o en el país se ha discutido las similitudes de esta reforma laboral con la que aprobó Hugo Chávez en 2012 que luego contribuyó al éxodo de 5 millones de venezolanos por la destrucción de su aparato productivo?
¿Acaso se ha discutido sinceramente por qué aprobar una reforma que favorece a un 25% de colombianos que tienen un empleo formal, ya de por sí privilegiados, en detrimento del resto que no lo tiene?
¿Alguno de los congresistas y el país ha caído en cuenta que Colombia ya ofrece condiciones laborales más favorables que otros países de la región? La jornada diurna, por ejemplo, se extiende hasta las 9 de la noche, mientras en otros países va hasta las 10. El recargo por trabajo dominical es del 75%, superior al 50% de Brasil y Chile, y al 30% de Perú.
Ojalá se pudiera mejorar las condiciones laborales de todo el mundo pero la pregunta clave es ¿a costa de qué? O ¿qué impacto puede tener sobre el empleo y la creación de nuevas empresas?
Esa narrativa que han tratado de imponer según la cual quienes quieren la reforma están con la clase trabajadora y quienes no la quieren están en su contra es ciertamente maniquea. Como lo advirtió un informe del Banco de la República, podría ser todo lo contrario, quienes están a favor de la reforma estarían contra la clase trabajadora porque con ella se acabarían 450.000 empleos formales.
El país necesita una reforma laboral, sí, pero una que fomente la creación de empleo formal, que incentive la productividad y que no sacrifique a las pequeñas y medianas empresas, que son más del 95% de nuestra economía.