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Ojo: cuidemos la democracia

Tenemos que levantar nuestra más fuerte voz de protesta para que quede claro que lo ocurrido este jueves fue gravísimo y que no puede volver a pasar.

11 de febrero de 2024
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  • Ojo: cuidemos la democracia

Lo ocurrido el jueves en el corazón del poder del país es lo más grave que le ha pasado a la democracia en Colombia en los últimos tiempos. Un grupo de manifestantes bloqueó la salida de los magistrados de la Corte Suprema y los sometió a una suerte de chantaje: o eligen fiscal o no los dejamos salir.

Las evidencias de que el ataque fue llevado a cabo por un grupo orgánico del petrismo están a la vista. En las redes sociales el grupo “Activistas del Cambio” (@activistasco) publicó: “A esta hora seguimos en el palacio de justicia. La consigna es simple: No salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva Fiscal. NADIE ME SALE!!”.

Eso se tradujo en lo que uno de los magistrados, consultado por EL COLOMBIANO, consideró un secuestro. “La procuradora dice que están secuestrados ¿qué es eso?”, le preguntamos al magistrado, y él respondió: “Es cierto, no podemos salir de Palacio”.

El trino de @activistasco fue publicado hacia las 3:10 de la tarde pero en menos de una hora lo borraron. Lo más preocupante es que ese grupo está vinculado al propio presidente Gustavo Petro, según reveló una investigación publicada en mayo pasado por la Silla Vacía. Cuando @activistasco se creó en octubre de 2022, Petro le encomendó la tarea de “movilizar al pueblo”, según se oyó decir en un video.

Si bien, más avanzada la tarde, Petro trató de desligarse del acoso a la Corte Suprema, quedó un manto de duda sobre hasta dónde había llegado su participación. Del presidente Petro que el domingo pasado arengaba con trinos como: “El voto popular se respeta”, pasamos al Petro que a las 5 de la tarde del jueves trinaba: “Estas personas enviadas para bloquear el Palacio deben ser profundamente investigadas”.

El Gobierno empezó a bajar el tono de la agitación minutos después de que la procuradora Margarita Cabello, interrumpió la Cumbre de Gobernadores que se desarrollaba en Cartagena para advertir que los magistrados estaban “secuestrados”.

Desde el viernes 2 de febrero, el gobierno Petro desplegó una estrategia para “movilizar al pueblo” el jueves y obligar a la Corte Suprema a elegir ese día a la nueva Fiscal General. Ese viernes, Gustavo Petro lanzó aquel trino en el que pedía ayuda al mundo por una supuesta “ruptura institucional” en Colombia. Durante ese fin de semana se dio un intenso acoso a la Corte Suprema en las redes sociales, por parte de bodegas petristas, como lo documentó EL COLOMBIANO con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

Estas bodegas publicaron los datos de varios magistrados, sus cédulas, sus fotografías y sus bienes, nada muy distinto del llamado “perfilamiento” que el petrismo otras veces ha cuestionado. Incluso crearon una cuenta falsa del presidente del alto tribunal y aplicaron todo el kit ya conocido para generar descrédito.

Como se trataba de la última sala plena de la Corte Suprema, antes de que Francisco Barbosa termine su periodo como Fiscal General este lunes, el propósito del bochinche era obligarlos a elegir de una vez de la terna que mandó la Casa de Nariño y así evitar que el búnker quede en manos de la vicefiscal Martha Mancera.

Sin duda, eso sería lo ideal, que la Corte Suprema elija pronto y no deje en interinidad el búnker como ha sido su costumbre. Pero una cosa es pedir celeridad y otra muy distinta es mandar a esta suerte de ejércitos de vándalos a acosar a una institución crucial para la democracia.

Todos tenemos que levantar nuestra más fuerte voz de protesta para que quede claro hasta en el último rincón del país que lo ocurrido este jueves fue gravísimo y que no puede volver a pasar. Que un grupo de vándalos intente presionar, bloquear o atacar a la Corte Suprema de Justicia es lo mismo que cortarle el oxígeno a la democracia.

Gustavo Petro, y sus más fieles escuderos, construyeron una narrativa de un supuesto golpe de Estado. “Golpe blando”, escribió Gustavo Bolívar. Pero resulta que el tal “rompimiento institucional” se basa en tres falsos supuestos: uno, que la Fiscalía investiga la posible financiación ilegal de su campaña; dos, que la Corte Suprema se demora en elegir fiscal -como se ha demorado siempre–; y tres, que la Procuraduría suspendió a su canciller Álvaro Leyva por posible detrimento en la licitación de pasaportes.

Lo que la Fiscalía y la Procuraduría están haciendo es justamente lo que la Constitución, ese que es nuestro contrato social, les obliga. Estamos hablando, además, no de cualquier Constitución sino de la Constitución de 1991: la misma de la que Gustavo Petro ha reclamado ser partícipe en su construcción. ¡Es inaceptable esa tergiversación! No puede el Presidente, porque no le gusta que investiguen a su hijo o a su gerente de campaña, darles palo a las instituciones.

Más bien el presidente Gustavo Petro le haría un gran favor al país si garantiza que su gobierno acata la Constitución. Que, por ejemplo, ningún ministro haga oídos sordos cuando la Procuraduría lo suspenda, como sucedió con Álvaro Leyva. O que, por dar otro ejemplo, no se reabra una embajada para dársela a un político investigado por serios delitos de corrupción. Por no hablar de lo bueno que sería que el Presidente, en este lío del presupuesto, atienda el clamor de sus ministros que le han advertido que es obligatorio respetar las vigencias futuras.

¿O es que acaso la Constitución aplica para todos los colombianos menos para Gustavo Petro y quienes lo rodean?

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