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Contundente, categórico y oportuno el regaño de la vicepresidenta Francia Márquez con respecto a la oleada de terror en el Cauca. Se le olvidó sin embargo un pequeño detalle: el destinatario de su regaño debería ser su compañero de fórmula y hoy Presidente de la República, Gustavo Petro.
En lugar de eso, la Vicepresidenta dirigió su reclamo a las Fuerzas Militares. Correctamente observó que es inadmisible una situación en la que, de manera simultánea, se presentan atentados y bombas en diferentes municipios y tienen a la población sumida en permanente zozobra.
Y no es que esté mal pedirles resultados a las Fuerzas Armadas. Por el contrario: parte central del liderazgo civil sobre dichas fuerzas consiste en exigir el desempeño correcto de sus tareas. El problema en este caso es que las Fuerzas Militares no se mandan solas: ellas tienen un Comandante en Jefe a cuyas órdenes actúan, y que es el verdadero responsable de marcar el ritmo de su operación. Ese comandante es por supuesto el Presidente. Y es precisamente ahí donde las cosas están fallando.
Todo empezó mal cuando al inicio de su mandato, por razones nunca explicadas, y que a falta de explicación remiten a la paranoia y la obstinación ideológica, el Presidente inició su mandato cortando cabezas: 48 generales y almirantes y otros oficiales, salieron de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Eso no es un simple detalle. Cada oficial que sale es una pérdida irreparable en términos de experiencia, de capacidad, de años de aprendizaje y de relación directa con las tropas.
Pero tal vez el hecho realmente fatal, el que está más en el fondo de lo que está ocurriendo, son los incentivos perversos creados en el llamado proceso de “paz total”.
¿Cuáles son esos incentivos? Por la forma como se concibió ese proceso, y por la forma como se está desarrollando, para los grupos armados es claro que mientras más violentos sean más beneficios obtendrán del gobierno.
Principalmente porque han percibido el afán que el gobierno tiene por sacar adelante este proceso y por poder darle al país anuncios positivos. Esto desde el embarazoso incidente en el cual el Presidente anunció un cese al fuego que no existía como buena nueva decembrina. El incentivo para los grupos armados es claro: si el gobierno quiere buenas noticias, va a tener que pagar más por ellas. Y para demostrarlo, le van a hacer sentir su capacidad de terror.
Lo ocurrido en el Cauca, es prueba de ello, y muestra como se ha venido imponiendo un esquema de diálogos y violencia que ha llegado a un extremo de crueldad. La cronología de lo ocurrido lo ilustra. El martes 21, el Gobierno anunció que abrirá la mesa de diálogo con el llamado Estado Mayor Central (EMC) (grupo criminal que le dio la espalda al proceso de paz de Santos). El miércoles 22, ese mismo EMC pone una bomba en Timba, Cauca, en la vía pública que mata a dos personas, entre ellas una profesora. Dos días después vuelven y ponen otra bomba en Jamundí. En los dos pueblos dejaron una huella de destrucción y caos. Se podría interpretar que su mensaje es: ya que vamos a abrir el diálogo, pongamos estas bombas para que nos dediquen más atención en la mesa. Verdaderamente infame. Y en efecto, este lunes la comunidad, dolida, sale a pedir que avance el diálogo para que haya reconciliación. Un diálogo que ya se iba a dar sin necesidad de los atentados. La “paz”, por momentos y lamentablemente, se está convirtiendo en un círculo vicioso de violencia.
Hoy es claro que en la mesa de negociación se darán las mayores concesiones a quienes representen un mayor riesgo para la paz. Y eso tiene que ver con que, paralelamente con el este proceso, el gobierno no tiene una política estructural y sistemática de combate al terrorismo. Su política depende de darles concesiones a los delincuentes (desde pandilleros de barrio hasta carteles del narcotráfico) con la esperanza de que acepten esas concesiones y cedan. Es una actitud suplicante. ¿Cuál es la reacción de estos grupos? Pues la más lógica posible: pedir más haciendo ver su poder.
De modo que el justo reclamo de la Vicepresidenta, si bien debe ser atendido por oficiales, suboficiales y soldados de nuestras fuerzas militares, debe primero que todo ser atendido por quien las comanda constitucionalmente y a quien le deben obediencia. Porque sin su dirección y sin sus órdenes no hay acción militar posible. Así de grande es el compromiso civilista y democrático de nuestros hombres y mujeres en armas..