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Para frenar el desplome económico, el gobierno debe aprovechar el tener la chequera más abultada en la historia del país. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, usó el debate en el Congreso sobre el presupuesto de la Nación para sacar el retrovisor. A la hora de hablar de los signos de desaceleración parte de la culpa se la echó a medidas que se tomaron en la administración de Iván Duque y que hoy le están pasando factura al gobierno.
Bonilla mencionó dos temas en particular: el hecho de que el anterior gobierno hubiera congelado el alza en los precios de la gasolina, y el mayor endeudamiento en el que dejó montado al país, que incluye un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.800 millones de dólares. El gobierno también ha mencionado la deuda que quedó con comercializadoras y distribuidoras de energía, que supera los 5 billones de pesos, por la opción tarifaria adoptada en 2020 para diferir los aumentos en las tarifas de energía.
Cabe recordar que estas y otras decisiones se tomaron en momentos en que el mundo vivió una de las peores crisis sanitarias que obligó al encierro de millones de personas y llevó a la parálisis de las economías para afrontar el covid-19. Colombia, por supuesto, no fue ajena a los efectos devastadores, pero salió adelante, comenzó a superar los problemas al punto de que en 2021 fue una de las economías con mayor crecimiento en el mundo, con 10,6% y en 2022 también creció 7,5%.
Aunque han surgido nuevos problemas en los últimos dos años, como la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios de los alimentos, muchos países ya están superando este tema. Pero Colombia se está estancando. No solo sigue con una de las inflaciones más elevadas de América Latina, por encima del 10%, sino que su crecimiento este año y el entrante estará por debajo del 2%.
Según el Índice de Seguimiento a la Economía del Dane, el crecimiento en agosto fue tan solo 0,23%, lo que comprueba, una vez más, el debilitamiento de la economía. Las exportaciones llevan cayendo nueve meses (-27,5% en agosto), las importaciones también se han desplomado (-10,1); las ventas reales del comercio cayeron en agosto 10% mientras que la producción industrial reportó un descenso de 8,6%. Y ni hablar del sector de la construcción.
El gobierno lleva 15 meses llevando las riendas del país. Si es que cabe la expresión. Y si bien ha mostrado seriedad en ciertos aspectos macroeconómicos, eso no es suficiente. El gobierno tiene que empezar a reconocer el daño que le hacen a la economía del país varios de sus métodos: como el de estar fustigando al sector privado, o poner al frente de entidades y ministerios a personas inexpertas, o barrer a la gente técnica de varias entidades.
Los resultados de la falta de acciones eficaces se ven en todos los frentes. La vivienda está en una de sus peores situaciones en varias décadas, con caídas superiores al 50% —entre enero y septiembre de este año se han dejado de vender 92.000 viviendas— mientras que los desistimientos aumentaron 90%, especialmente de inmuebles de interés social. Además de las altas tasas de interés de los créditos hipotecarios, la responsabilidad de esta parálisis recae en el Ministerio de Vivienda que modificó las condiciones para otorgar subsidios a las familias de escasos recursos, provocando esta parálisis monumental.
En el Congreso de Camacol, expertos pidieron una política de reactivación urgente para frenar la caída que ajusta 11 meses y evitar la pérdida de miles de empleos. El ministro Bonilla dijo hace ya varias semanas que se iba a poner un plan de choque para impulsar este sector y el de infraestructura, que también está estancado, pero hasta ahora son apenas anuncios y no acciones concretas: no hay claridad sobre la suerte de las vías de cuarta y quinta generación de concesiones y, por el contrario, aumenta la incertidumbre cuando se lanzan globos como el de nacionalizar la vía al Llano.
También persisten las dudas sobre el sector minero energético. No se ha vuelto a saber si habrá o no nuevos contratos de exploración y los proyectos de energías renovables siguen paralizados por licencias ambientales y consultas previas.
Por lo pronto, lo único que ha hecho el presidente Gustavo Petro, ante la caída de la emergencia económica para La Guajira, es pedirles a los habitantes del departamento que recojan en baldes el agua lluvia. Y frente a los problemas de liquidez de distribuidoras y comercializadoras de energía, hablan de una línea de crédito de un billón de pesos, que luce insuficiente frente a las altas deudas.
Este gobierno contará con el presupuesto más abultado en la historia del país. Estamos hablando de recursos por 502 billones de pesos para el año entrante, que aumentaron 19% frente a este año. Es una chequera inmensa, que bien invertida podría servir para apalancar la economía. Vamos a ver qué tanto aprovechan esa platica o si se va por el hueco del populismo.