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A partir de hoy, cuando usted vaya al supermercado, se encontrará, tal vez, con un nuevo precio de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Al menos, esta es la fecha que impuso el Congreso de la República para comenzar a cobrar el llamado “impuesto saludable”. Un tema que despertó gran polémica durante la discusión de la reforma tributaria del 2022, pero que el Congreso terminó aprobando.
La teoría básica es interesante: se trata de imponer ese impuesto para disminuir el consumo de alimentos que tienen un impacto negativo en la salud porque no aportan mayores nutrientes y, por el contrario, puede inducir a mayor obesidad y diabetes.
Pero cabe preguntar ¿quién dejará de comprar un paquete de papas fritas porque cueste más? ¿A quién se le ocurrirá decir no me voy a tomar esta gaseosa porque subió de $2.000 a $2.200? Si en efecto, para no pagar más, la gente prefiere dejar de consumir la llamada comida chatarra, entonces se habría cumplido el cometido. Pero nos tememos que pocos, por no decir nadie, se privará de adquirir esos mecatos por el precio. Ni siquiera, lamentablemente, las familias de menores ingresos, porque en muchas ocasiones son esos alimentos, y no los más saludables, los que pueden sufragar – así valgan 100 o 200 pesos más – para desvararse.
En la lista de alimentos ultraprocesados entra una gama de productos que consume todo el mundo, que son incluidos en las loncheras de millones de estudiantes y que son el mecato de los colombianos: galletas, tortas, ponqués, arepas, salchichas, embutidos, chocolatinas, chocolate de mesa, helados, cereales, mermeladas, caramelos, salsas, aderezos, conservas y productos de paquete como chitos, papas fritas, patacones, entre otros.
También quedaron gravadas las gaseosas y jugos, tés, bebidas a base de malta, zumos y néctares de fruta, aguas saborizadas, energizantes y deportivas, cuyo impuesto dependerá del contenido de azúcar.
Estos alimentos tendrán un impuesto del 10% en lo que resta de este año, del 15% en 2024 y del 20% en 2025, que se aplicará por una sola vez en el momento en que el productor se lo venda al comercializador, ya sea un supermercado o una tienda de barrio.
Como ocurre en todos los casos cuando hay incrementos de precios, estos se trasladan al consumidor final que decidirá si paga más por estos productos o los reemplaza por otros más saludables, como frutas y verduras.
Así entonces, al incremento en los precios de la gasolina, que tanto malestar está ocasionando en los bolsillos de los colombianos, se sumarán a partir de este primero de noviembre estos nuevos impuestos. Y llegan en un momento no muy favorable para el gobierno, por las tensiones con sectores que lo habían apoyado.
Aunque el Ministerio de Hacienda insiste en que su impacto en la inflación será marginal -0,21 puntos porcentuales este año, 0,11 puntos porcentuales el año entrante y 0,12 puntos porcentuales en 2025-, lo cierto es que se presenta en momentos en que la inflación sigue muy elevada y es una de las más altas de América Latina, excluyendo a Venezuela y Argentina que se salen de todos los parámetros. Habrá que ver si se cumplen los estimativos del gobierno sobre el bajo impacto en el costo de vida.
Mientras otros países de la región han logrado reducir la inflación por debajo del 5% anual, en Colombia seguimos por encima del 10%, un nivel elevado que ha impedido que el Banco de la República disminuya las tasas de interés.
Además, los nuevos impuestos se cobran a pocas semanas de que comiencen las discusiones para el incremento del salario mínimo de millones de colombianos. Una mayor inflación les pone más presión a gobierno, centrales obreras y gremios para llegar a un acuerdo sobre el aumento. Ya han surgido voces que piden moderación en el ajuste si el país se quiere encaminar por una senda que le ayude al Banco de la República a lograr su meta del 3% anual.
En los primeros días de diciembre, cuando se conozca el dato de inflación de noviembre, se sabrá si el impacto fue marginal o si es otro duro golpe para el bolsillo de los colombianos. Si esto es así, el gobierno se podría estar pegando un tiro en el pie, más cuando la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que las negociaciones del mínimo se harán con la inflación anualizada a noviembre.
Ojalá este tributo no termine siendo una nueva fórmula de encarecer la canasta familiar de los más pobres sin que cumpla el cometido de salud para el cual fue creado. .