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El caso de los peajes podría servir como caso de estudio para entender cómo Gustavo Petro toma decisiones que a primera vista parecen simples errores, o él puede considerar inocuas, pero que en el mediano plazo pueden producir desastres.
Cuando en enero, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que, “por decisión del presidente”, quedaba congelado el aumento en los peajes, los concesionarios que administran las carreteras expresaron su total desacuerdo.
No les faltaba razón. Los peajes son el pago que el Estado pactó con los privados para compensar el haber asumido los gastos de construcción de las carreteras y además mantenerlas.
Cada año, los peajes se reajustan con la inflación del año anterior, pero en 2023, por esa ocurrencia del presidente, no se hizo el incremento. Todo indica que Petro no hizo ningún tipo de evaluación técnica. No se detuvo a pensar, por ejemplo, que esos aumentos estaban pactados en cientos de contratos firmados por el Estado. De manera que los concesionarios bien podrían entablar demandas.
Tampoco se detuvo el presidente a pensar que si el Estado incumple los contratos con los privados destruye la confianza inversionista. El sector de obras viales ha decrecido 15%, según datos del tercer trimestre del año, y tal vez no hay mucho entusiasmo entre los constructores para arriesgarse a nuevos proyectos en medio de la incertidumbre.
Por no hablar de las implicaciones en la calidad de las carreteras: sin suficiente plata para el mantenimiento, los huecos harían su agosto y se sentiría el impacto en términos de tiempos de viaje y productividad.
Así pues, esa promesa de no subir peajes, tomada sin mayor razonamiento y que parecía una metida de pata menor, se convierte en un hoyo negro que amenaza con tragarse mucho de lo bueno que se ha hecho en este sector.
El paso de los meses les dio la razón a los concesionarios. El gobierno tuvo que reversar la medida, como ha pasado con otras decisiones apresuradas del mandatario. El ministro de Transporte, William Camargo, anunció que el año entrante se harán dos incrementos. El enero del 13,12%, y en julio otro con base en la inflación de este año.
Aunque el ministerio de Transporte está tratando de solucionar el entuerto, el daño ya se causó. Primero, por la incertidumbre y desconfianza que se sembró entre los inversionistas privados por el cambio en las reglas de juego a mitad de camino.
Colombia tenía décadas de atraso en la construcción de proyectos de infraestructura, el Estado era el que construía las vías, estábamos casi en la edad media en materia de autopistas y carreteras. Y fue gracias al modelo de concesiones a privados que el país ha logrado la construcción de más de 60 proyectos carreteros, 16 aeroportuarios, 61 portuarios y 2 férreos.
Ese mismo modelo de concesiones fue el que el presidente Petro puso en riesgo con su gafe con el alza de los peajes.
Fedesarrollo estima que sin los peajes, los gobiernos recientes difícilmente habrían podido acometer las obras que han enmarcado esta revolución de 30 años. “Seguramente el Estado se habría visto obligado a hacer recortes en educación, salud, vivienda, seguridad o justicia. O habría tenido que tramitar, no menos de 5 o 6 reformas tributarias de $20 billones cada una”.
Además de la desconfianza, la decisión inicial de congelar los peajes llevó a que en el presupuesto de la Nación se creara un hueco de 850.000 millones de pesos, que no estaba claro cómo se iba a tapar (algo parecido a lo que ocurrió con la rebaja en el Soat que dejó hueco en la salud).
Ahora, para acabar de ajustar, el malestar que Gustavo Petro quiso evitarse, el del gremio de transporte de carga por carretera, le llegará por partida doble. O triple. No solo recibirán dos aumentos de peaje en el 2024 (podría ser del 20% o más en total) sino también comenzará el reajuste en el diésel o ACPM, que está congelado desde hace más de tres años. El gobierno se dará el lapo porque con el aumento del precio de la gasolina no se ha podido cerrar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) precisamente por mantener los subsidios al diésel o ACPM (que de paso hay que decir es más contaminante que la gasolina).
Para despejar las dudas y mostrar su compromiso con el sector, el Gobierno acudió con sus pesos pesados al Congreso de Infraestructura en Cartagena: el Presidente, los ministros de Hacienda, Transporte, Medio Ambiente, Vivienda y la directora de la ANI, le dedicaron muchas horas de su tiempo a los constructores de vías, infraestructura y obra pública que, en medio de la incertidumbre, acudieron por miles (4.000 inscritos).
El Ministro de Transporte dijo que seguirá adelante con todas las concesiones viales y presentó una hoja de ruta del transporte, con énfasis en la reactivación de las vías férreas y la modernización aeroportuaria, que incluye inversiones por 140 billones de pesos.
Ojalá el caso de los peajes sirva de lección al Gobierno Petro para que no vuelvan a tomar decisiones, que deben tener un alto componente técnico, simplemente con el olfato político. Porque, al final del día, esas decisiones terminan afectando al país y provocándole significativos daños al propio Gobierno.