La Policía confirmó este sábado como la banda integrada por funcionarios y el mismo director de la Unidad de Víctimas en Antioquia, usaba información de la víctimas del conflicto para luego suplantarlas y recibir así fraudulentamente reclamaciones.
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“Con esta operación lo que se está buscando es blindar que se evite que las víctimas sean objeto de esta clase de abusos. Antioquia tiene el 20% de víctimas del total nacional”, afirmó el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
La red fue desarticulada en un trabajo de la Fiscalía y la Dijín de la Policía, en una operación que contó con la ayuda de la misma unidad y que tenía objetivo desarticular las redes de corrupción dentro de ese organismo.
La Policía confirmó que el desfalcó era realizado por directivos y empleados en un novedoso sistema. El 2 de octubre de 2015, las autoridades evidenciaron un hecho inusual y eran pagos de ayudas humanitarias a víctimas que estaban siendo suplantadas.
“Se evidenció y se documentó el pago irregular a 11 víctimas, el cual asciende a un monto de 232 millones de pesos mediante la alteración de los formatos y bases de datos, así como de las cuentas de ahorros, y demás datos que permitían realizar los pagos o desembolsos a los cuales no tenían derecho”, indicó la Policía.
Las autoridades detectaron que directivos que tenían información de las víctimas, que provenía desde el nivel central en Bogotá, “luego filtraban esta información a expersoneros y tramitadores, los cuales se encargaban de ubicar a personas que pudieran falsificar las cédulas de ciudadanía de las víctimas para suplantarlas”, indica la Policía.
También, estos directivos según la Poilicía, se valían de un gerente de un banco en Antioquia para “crear cuentas a nombres de estas personas para posteriormente retirar el dinero, del cual era favorecida la supuesta víctima”, relata la Policía.
Las autoridades capturaron a siete personas, entre ellas Jorge Mario Alzate Maldonado, de 44 años de edad y director de la Unidad de Víctimas en Antioquia, además de funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares, señalados de participar y liderar este desfalco en los municipios de Medellín y Santuario.
Los siete capturados fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir, falso testimonio, acceso abusivo a un sistema informático, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad material en documento público.
Esta operación, según la Policía, es hija de la “Operación Dignidad” realizada en 2015 y en la que cayeron 10 tramitadores por corrupción en los municipios de Urabá, Urrao y Caucasia, en contra del programa de atención y reparación a las víctimas.
Esta otra red preparaba falsos desplazados para que fueran incluidos en el registro único de víctimas, comercializaba acceso a sistemas de información, cobraban dinero a las víctimas por agilizar los pagos de ayudas e indemnizaciones de las que eran beneficiarias.
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