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No hay más plazos. Para la Defensoría del Pueblo el cierre de la cárcel de Bellavista debe ser inmediato y así se lo solicitará, hoy, a la Corte Constitucional.
Los argumentos para concretar una petición que ya estudiaba el Ministerio Público, se ratificaron ayer luego de una visita a ese penal ubicado en Bello, al norte del área metropolitana de Medellín.
“Es un hacinamiento insoportable para cualquier persona. No hay dignidad, los presos duermen en el suelo, en baños, en lo aquí llaman zarzos y busetas. Es lo más indignante que he visto en mi vida”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
En su recorrido de observación por el centro de reclusión, el organismo también corroboró que en ese penal los esfuerzos del Ministerio de Justicia para aliviar el hacinamiento no han logrado solucionar la problemática que muestra como en un establecimiento con capacidad para 1.900 personas y se encuentran 4.600.
“Pedimos a la Corte Constitucional que ordene el cierre de Bellavista hasta nueva orden. Eso quiere decir que no se reciban más presos, más sindicados, ni una persona más que tenga inconvenientes con la justicia”, agregó Negret.
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Un eventual cierre de Bellavista, como lo solicitó la Defensoría, conllevaría el traslado de muchos internos de ese penal y la remisión a otras cárceles de condenados.
“Debe haber traslados y eso genera un problema de arraigo porque la gente quiere estar al lado de sus padres. Se irían a cárceles donde hay cupo. La única en Antioquia es la del municipio de Caldas”, apuntó el Defensor.
Negret agregó que para evitar tanto traslado de ciudadanos y el colapso de estaciones de Policía, e incluso juzgados, la Defensoría trabaja con la Fiscalía en la asignación de defensores públicos.
“Si no se pueden trasladar, deben quedarse en las URI, porque no hay a dónde más llevarlos. Debemos trabajar para que toda la justicia no sea punitiva. No todo puede dar cárcel”, explicó.
En el recorrido de verificación en Bellavista, además de la Defensoría hubo representantes de la dirección regional del Inpec, del penal y delegados de Derechos Humanos.
Para Jorge Carmona, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, la petición de cierre tiene un sabor agridulce.
“Cerrar Bellavista implica que los derechos de estas personas en el tema del arraigo familiar se les van a vulnerar, pero de una u otra manera tiene que ser así, pues estamos hablado de la vida y seguridad de ellos mismos”, dijo.
Carmona agregó que en un día de visita al penal pueden llegar 15.000 personas y advirtió que los patios dos y cuatro están al borde del colapso.
Por su parte, Carlos Contreras, de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, se mostró escéptico con la opción del cierre del penal: “no creo que se cierre, simplemente porque debido a los altos porcentajes de hacinamiento no habría a dónde trasladar a los internos”, dijo y sugirió revisar la política penal y penitenciaria, buscando que desaparezca el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
Además de la petición de cierre de Bellavista, la Defensoría del Pueblo exigió demoler el patio dos de ese penal.
“El Ministerio de Justicia le dio la orden al Inpec y Uspec de demoler el patio dos. Y deben hacerlo para evitar una tragedia allí. Lo acabo de ver, es lamentable el estado. Una construcción de los años 70 y no se le ha dado mantenimiento”, enfatizó Negret.
El patio dos de Bellavista tiene una población de 1.700 internos que con la demolición de esa estructura no tendrían lugar en Bellavista y serían reubicadas.