El alcalde de Envigado, Raúl Cardona, y los otros ocho procesados por la supuesta feria de contratos, no aceptaron, en audiencia realizada este lunes, los cargos que les imputó la Fiscalía por la supuesta feria de contratos con recursos públicos.
Frente a un juez de control de garantías, los procesados escucharon las acusaciones en su contra. Aún está pendiente por definir si los capturados afrontarán el juicio desde una cárcel, como lo pide la Fiscalía; o en libertad.
Este lunes finalizó la audiencia de imputación de cargos y empezó la de solicitud de medida de aseguramiento. Buena parte de la diligencia, que empezó a las 2:00 p.m., se desarrolló a puerta cerrada por petición de los abogados defensores, que consideraron que la dignidad de sus representados ya había sido afectada con la aparición en medios de comunicación.
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La Fiscalía, que presentó nuevos audios de interceptaciones telefónicas, aclaró que los investigadores habían sido rigurosos en la selección de material, para no incluir elementos de la vida íntima de los procesados. El juez, pese a que reconoció que buena parte de los audios habían sido ya conocidos por el país, pues fueron presentados por el Fiscal General, terminó por admitir la solicitud de los abogados defensores.
Las imputaciones
Al alcalde Cardona le fueron imputados los delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El mandatario dijo frente al juez que no aceptaba los cargos “porque no he cometido ningún delito”.
Durante la audiencia se conoció que el presunto tráfico de influencias se presentó cuando, al parecer, el mandatario medió para que las autoridades no cerraran un establecimiento que estaba incumpliendo normas.
A la secretaria de Hacienda de Envigado, Girlesa Mesa Medina, le imputaron el delito de concierto para delinquir, en grado de coautor; cohecho propio, peculado por apropiación y falsedad en documento privado, en grado de determinadora. Los delitos tienen relación con la venta de un lote y la supuesta donación de unas tabletas a cambio de un contrato.
Al contralor de Envigado, José Conrado Restrepo, lo vincularon a la venta del lote en la vereda Pantanillo, por lo que le fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, en calidad de determinador; peculado por apropiación, en calidad de coautor; y falsedad en documento privado, en calidad determinador. Por el caso de las tablets, le imputaron el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Al secretario de Educación, Diego Fernando Echavarría le imputaron, por el caso de las tablets, el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor material y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Entre tanto Camilo Correa, de 34 años, quien compró un lote en $50 millones y lo vendió en más de $1.300 millones a la Alcaldía, fue imputado junto con la comisionista Luz Marcela Quintero, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos.
Al concejal Lindon Johnson Galeano le imputaron el delito de concusión porque, al parecer, exigía dineros a cambio de facilitar la contratación de funcionarios en la Alcaldía y la Universidad de Envigado.
Este martes se definirá si los capturados enfrentarán el juicio en su contra desde una cárcel, como lo pide la Fiscalía, o en libertad.
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