A Rafael Uribe Noguera, el presunto asesino de una niña de siete años en Bogotá, lo espera un juicio histórico en el complejo judicial de Paloquemao. La Fiscalía 121 especializada de la Unidad de Vida le imputará cargos por los delitos de secuestro simple, tortura, feminicidio agravado y acceso carnal violento. Sumando todas las sanciones, el acusado podría pagar 70 años de cárcel.
Anoche el Juzgado 79 de Control de Garantías de Bogotá legalizó su captura.
Agentes de la Sijín lo visitaron en la mañana de ayer en la Clínica Navarra, donde se recuperaba de una sobredosis de cocaína. Postrado en una camilla, el sujeto escuchó las palabras de los oficiales, quienes notificaron la captura. Pasadas las cinco de la tarde fue dado de alta. Los pocos metros que caminó desde la puerta del centro médico hasta la tanqueta fueron invadidos por una turba que intentó agredirlo.
El juicio de Rafael Uribe Noguera, arquitecto y empresario, podría ser histórico. Si Javier Velasco, el verdugo de Rosa Elvira Cely, es recordado como el asesino que causó un crimen que no tenía nombre en la legislación colombiana (el feminicidio), Noguera podría aparecer en los expedientes judiciales como el sujeto que fue más allá: cometió un feminicidio agravado, sometiendo a una menor indígena a un secuestro; asfixiándola hasta la muerte.
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A esta conclusión llegó Cristina Vélez, secretaria de la Mujer de Bogotá. En sus manos han recaído paulatinamente las pruebas del crimen. Con la asesoría de la abogada de la familia de la víctima, Isabel Agatón, la secretaria logró reunir elementos suficientes para mostrar que el crimen constituye un feminicidio agravado.
¿Qué es un feminicidio? “Es cuando asesinan a una mujer por ser mujer. Es distinto si la matan por robarle el celular a si la asesina su pareja o su expareja. En este caso, donde hubo violencia sexual, es claro que se trata de un feminicidio”, cuenta Vélez.
El caso, como lo explicaron las funcionarias, tiene varios agravantes que podrían ampliar la condena del sindicado: “Por un lado, se trataba de una menor de edad. Además hay delitos asociados como la tortura y el acceso carnal violento. Al sumar todos los delitos, el sujeto podría pagar una pena de 70 años de cárcel”, explica Vélez.
Esta pena sería superior a la que purga Javier Velasco, condenado a de 48 años de prisión por asesinar y empalar a Rosa Elvira Cely. No obstante, las peticiones de congresistas, ciudadanos y organizaciones coinciden en que es necesario “establecer una cadena perpetua” para los violadores de niños.
Si bien esta opción no está contemplada en la legislación actual, las pruebas contra Uribe Noguera han sido avaladas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía. La primera entidad determinó, por ejemplo, que la menor fue víctima de “sofocación, estrangulamiento y abuso sexual”.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, denunció que la escena del crimen (el lujoso apartamento en el norte de Bogotá) “fue manipulada por terceros que están intentando obstruir la investigación”. Dichas personas, según la Fiscalía, serían la hermana y el hermano de Uribe Noguera, quienes habrían alterado los hechos antes de llevar al acusado a la clínica.
Desde julio de 2015, cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley Rosa Elvira Cely, un responsable de feminicidio puede pagar una pena hasta de 41 años de cárcel. La ley señala que basta con “ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad” para que se constituya un feminicidio.
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Petición de cadena perpetua
El caso de la niña de siete años (no se revela el nombre en atención al Código de Infancia y Adolescencia) ha despertado indignación en el Congreso. Ayer, la comisión primera del Senado emitió una proposición en la que se comprometen a vigilar el proceso para que “se impongan las máximas sanciones ante estos crímenes atroces”.
Para algunos congresistas, las sanciones actuales no son suficientes. El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, se comprometió a radicar una “enmienda constitucional” bajo el nombre de la menor. De esta manera, dijo, se podría imponer la cadena perpetua a quienes violen y asesinen menores de edad.
El plan de Lizcano consiste en buscarle un espacio al proyecto dentro de la agenda de la próxima semana en el Congreso. Pese a que las sesiones terminan el próximo 16 de diciembre, Lizcano asegura que el proyecto “rápidamente llegará a las plenarias”.
En la Cámara de Representantes también buscan sacar adelante un proyecto similar. Efraín Torres, congresista del partido de la U, dijo que con su bancada han trabajado “tres años en pro de la protección de la niñez, por eso insistimos por tercera vez en el acto legislativo que permitiría que asesinos y violadores de niños pasen el resto de sus días en una cárcel”.
En febrero de 2015, Torres radicó el proyecto de ley que busca modificar el artículo 34 de la Constitución. De esta manera se abrirían las puertas para incluir la cadena perpetua en las sanciones a violadores.
Dicho proyecto está basado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual señala que cuando el recluso cumpla 25 años en prisión, su caso podría ser revisado dependiendo de las condiciones psicológicas.
Estanislao Escalante, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, califica la propuesta de cadena perpetua como “populista”. Según el académico, estas medidas “no solucionan de fondo el problema en el país”. De hecho, recomienda hacer una evaluación del sistema penal actual, que a su juicio es insuficiente.
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Familia se pronunció
Después de que los principales organismos de seguridad se pronunciaran sobre el crimen, la familia de Uribe Noguera envió una carta a los medios. Además de “lamentar profundamente la pérdida de vida de la menor”, la familia dijo que “entendía el dolor”. “Frente a esta tragedia que embarga a dos familias de bien, somos conscientes de que Rafael deberá asumir las drásticas consecuencias que se desprenden de su inexplicable actuar. Nosotros, como familia, no podemos darle la espalda en estos momentos”.
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Condiciones psiquiátricas
Uno de los temores de las principales organizaciones que defienden los derechos de la niñez, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), es que la familia del acusado lo presente como un enfermo mental, con lo que evadiría, por lo menos temporalmente, la prisión.
“No queremos que los violadores estén en la calle, no queremos que estén en nuestros vecindarios poniendo en riesgo la vida de nuestras niñas”, sostuvo la directora del Icbf, Cristina Plazas.
El psiquiatra Jorge Noriega, asesor médico de la Universidad de la Sabana, considera que el caso es complejo porque “el paciente ha estado internado en varias clínicas. Aparentemente tiene problemas de salud mental que nunca le han sido tratados. Es una persona que tiene un deterioro cognitivo muy marcado. Hay que mirar si recibió tratamiento farmacológico acompañado de terapias psicológicas”.
A medida que avanza el proceso se han conocido datos que develan detalles de la personalidad del acusado. De acuerdo con testigo de los hechos, el sujeto le había ofrecido a la menor 2 millones de pesos para que se subiera en su camioneta. Cuando ella rechazó la oferta, habría ofrecido 5 millones de pesos. Ante la última negativa, habría optado por raptarla y llevarla al lujoso apartamento.
A este comportamiento se suma el consumo desmedido de cocaína: “Cuando el paciente consume sustancias psicoactivas busca aliviar un dolor interno, quizá por traumas de la infancia o problemas familiares. Lo cierto que es que el sistema de salud colombiano no ofrece tratamientos integrales de rehabilitación. Así, muchas personas terminar fuera de juicio”.
De fondo, como explica el antropólogo Fabián Sanabria, hay un problema social: “Este caso demuestra que no se debe estigmatizar a los sectores populares. El supuesto agresor viene de una familia ‘de bien’,, no le faltó nada. Hay temas soterrados en la sociedad: el racismo, el clasismo, el machismo. En este caso se expresó y debemos hacer una reflexión como sociedad”.
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Foco en la infancia
El foco del Gobierno, según Nicolás Ramos, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, debe estar en la formulación “de políticas efectivas e integrales de protección de la infancia. Es urgente que el Gobierno Nacional haga los cambios en el sistema de salud, de manera que garantice un sistema sin barreras de acceso, con atención integral”.
Según Medicina Legal, en promedio son asesinados 900 menores de edad al año en Colombia. Cada día, según la misma fuente, 52 niños sufren abusos sexuales. En total, Colombia reporta 20.000 casos de abusos contra niños al año.
De acuerdo con un estudio de la organización Save the Children, las niñas entre los 10 y 14 años son las que presentan mayor riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito sexual. Llama la atención que el 10,65 % de los casos de abuso sexual en 2015 se cometieron contra niñas de cuatro años de edad. Para ir un poco más lejos: según Medicina Legal, el 86 % de las agresiones contra los menores se presentan dentro del hogar . n
