El presidente Juan Manuel Santos condenó los recientes asesinatos contra líderes sociales, especialmente el de Margarita Estupiñan, que fue el mas reciente y ocurrió justamente en Tumaco, Nariño, municipio visitado por el mandatario.
“Ya le di instrucciones al ministro de Defensa para que envíe a los instructores de la Policía y el Ejército, para que se trasladen a los departamentos de Nariño y Cauca, para supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionando la Fuerza Pública”, señaló el jefe de Estado.
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Además, confirmó que convocó para el próximo martes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde se articula el trabajo interinstitucional para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. “La Fiscalía dice que tiene resultados importantes para mostrarnos en esa reunión. Y quiero reiterarle a la Fuerza Pública que tienen que actuar con toda la contundencia contra los responsables”.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 murieron a manos de violentos 311 líderes y defensores de derechos humanos.
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Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que uno de los líderes asesinados recientemente había pedido protección, y su caso estaba en estudio.
“Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo, tenemos ya verificados 33 asesinatos de líderes sociales en lo que va corrido de este año”, afirmó el alto funcionario, quien adelantó que en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad presentarán los cuatro primeros planes de protección colectiva, que cree que es la estrategia que puede resultar más efectivo. “Son planes construidos entre las comunidades, la Policía, los alcaldes, los gobernadores y el ministerio y es la propia comunidad la que define una estrategia de protección: presencia de la fuerza pública, alumbrado público, colocación de antenas de celulares, en fin”.
El ministro agregó que los responsables, hasta ahora identificados, son grupos armados asociados al narcotráfico, a la minería ilegal, al despojo de tierras, “lo que necesitamos es ser mucho más eficaces en las medidas de protección”.
“Esta es el mayor desafio para nuestra democracia y así se lo hicimos saber, en el comité de empalme, al nuevo Gobierno”, concluyó Rivera.
